La estrategia imprescindible para emprender el combate contra un mal es el diagnóstico. Conseguir una valoración certera no es tarea fácil, sobre todo cuando nos hemos acostumbrado a la maldad y no existe una estandarización de criterios.

Se dice que el Estado mexicano es un Estado fallido, pero ciertamente lo que sí es fallido es su sistema político. La evaluación moral de las acciones de los políticos, candidatos electorales y burócratas, frente a sus relaciones con grupos e individuos en el ejercicio del poder público continúa siendo un limbo cuestionable e inmerso en corrupción. México no está construyendo un buen gobierno desde la comprensión y consistencia ética para la prevención y control legal de los conflictos de interés. Se afecta el diagnóstico y surge desconcierto.

Son innumerables los casos de servidores públicos -y sus familiares- involucrados en adquisiciones de casas, posesión de relojes y automóviles de lujo, además de un ostensible incremento en su riqueza ante su entorno social. La tendencia confirma la regla: cada vez más padecemos múltiples conflictos de interés a lo largo y ancho de los gobiernos. La tragedia radica en que, en nuestro país, este conflicto sólo puede ser valorado desde el ámbito de la ética pública, pero no desde la legalidad, pues no está debidamente regulado.

Toda intervención gubernamental implica potencialmente la afectación de múltiples intereses. Por lo tanto, la conformación de valores objetivos y estándares éticos es requisito urgente para enfrentar los retos de la burocracia política en forma efectiva. (Arellano-Lepore, 2007).

Los estándares éticos de la acción gubernamental y esencialmente de la administración pública deben ser expuestos al debate, pues los buenos ciudadanos no advierten voluntad alguna de la clase política de querer solucionar este problema. Los gobernantes están obligados a cumplir los fines para la defensa de los intereses nacionales, la prosperidad económica general, la conformación de una sana identidad mexicana y el bienestar de sus habitantes; de lo contrario, no serán gobierno, sino autoritarismo rapaz.

Mientras tanto, la corrupción sigue haciendo metástasis en México y en algunas zonas ya se volvió incapacitante. Los conflictos de interés, conjuntamente con impunidad y violencia, generan desconfianza irreversible y agudizan la indignación con altísimos costos sociales y políticos.

Solución: retomar el humanismo

Más allá de anunciar acciones o de apurar leyes de mero deslumbrón mediático, la realidad nos grita que el humanismo es el remedio más certero para la conducción de México. En los ámbitos de la vida nacional, los servidores públicos y políticos necesitan retomar principios de integridad, imparcialidad y establecer alianzas estratégicas con líderes mundiales que sí gozan de credibilidad, moral y reconocimiento. El Estado mexicano y sus principales gobernantes requieren arropar el discurso congruente, las acciones consistentes, el ejemplo de liderazgo y la visión estadista del papa Francisco. No necesariamente desde la religión, sino a partir del humanismo cuyos valores han probado ser inspiración, motor y timón a favor del desarrollo general, la paz y la justicia eficaz.

Los políticos mexicanos deben emprender nuevos caminos, nuevos valores, sanas alianzas, u obtendrán los mismos resultados de descomposición.

Leyes para tu bien.