Los empresarios de la Riviera Maya consideran que el gobierno de Carlos Joaquín González ha quedado rebasado por la inseguridad rampante. El despliegue de la Guardia Nacional en Tulum y Puerto Madero, tras de los recientes ataques, sirvió para inhibir a las bandas de narcomenudistas, pero requieren medidas radicales para frenar al crimen organizado.

La acción coordinada de las corporaciones locales y federales, reconocen, han cumplido con su labor, pero la Marina debe hacerse cargo de la seguridad pública en Quintana Roo, ante la escalada de detenciones y hechos violentos. Más de medio centenar de delincuentes son presentados diariamente ante la Fiscalía por actos delictivos en aquella entidad que, de acuerdo a versiones de la prensa nacional e internacional, es territorio disputado por grupos rivales.

Cuatro bandas criminales y múltiples grupos que se disputan la venta de drogas, ha descrito —sin cuidar las formas— el fiscal estatal, Óscar Montes de Oca Rosales, una de las dos piezas del esquema originalmente planteado por el mandatario aliancista, al arranque de su mandato, para disminuir la incidencia delictiva.

Entonces, los empresarios avalaron su idea, de “importar” al equipo que trabajó en Morelos y antes, en Tijuana, donde Alberto Capella fungió como director de Seguridad Pública. Su modelo de prevención del delito y de combate a las bandas criminales, basado en un exhaustivo trabajo de inteligencia y el despliegue en campo de agentes capacitados para neutralizar a sicarios y secuestradores, fue muy requerido en la década pasada.

De la urbe fronteriza al territorio morelense, Capella asumió el mando único de las fuerzas del orden en la entidad gobernada por el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu hasta agosto del 2018. A finales de ese año llegó a Quintana Roo junto con Montes de Oca Rosales, quien previamente fungió como subprocurador en la Ciudad de México, durante el mandato de Miguel Ángel Mancera.

Oscar Montes de Oca fue denunciado ante el Congreso de la CDMX, señalado de cometer actos de encubrimiento y omisión durante sus años como subprocurador.

De gobiernos perredistas también surgió Daniel Zúñiga Esparza, quien estuvo como subsecretario de Planeación y Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública hasta la renuncia de Capella, hace un año.

Daniel Zúñiga fungió como administrador de Manuel Granados, exconsejero jurídico de Mancera, excoordinador de la Asamblea Legislativa de la CDMX y exlíder del PRD nacional.

Con la instalación de funcionarios afines en posiciones estratégicas, el estado de Quintana Roo se convirtió en una especie de santuario o refugio para exfuncionarios de administraciones perredistas que se encuentran bajo investigación, como es el caso de Gustavo Caballero Torres y Roberto Hernández Reyna, quienes son acusados por la FGR y la FGJCDMX, de operar un centro de espionaje para Mancera, y actualmente se encuentran bajo la protección y cobijo del fiscal estatal de Quintana Roo.

El triunfo de la 4T alteró el esquema. El nuevo esquema —las mesas estatales para la construcción de la paz— rompió los equilibrios precarios y los funcionarios federales comenzaron a observar que los exservidores públicos capitalinos filtraban información privilegiada del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las Conferencias Nacionales de Procuradores y secretarios de Seguridad Pública, a los exmandatarios perredistas, sobre posibles investigaciones en su contra.

La batalla contra el crimen organizado comenzó a perderse entonces.

Efectos secundarios

TRANSPARENCIAS. La “Declara 5 de 5” fue presentada por 481 servidores públicos en Querétaro entre los que se incluyen al gobernador, Mauricio Kuri Grajales, a los 32 integrantes de su gabinete, y a los principales mandos superiores y medios de la administración estatal. Además de su declaración patrimonial, de interés y fiscal, se sometieron al examen antidoping y acreditaron sus no antecedentes penales. Los documentos recabados por el secretario de la Contraloría, Óscar García González, serán públicos a través de un portal informativo.

ADVERTENCIAS. Además de la grave situación de inseguridad en el país, hay un serio problema de sub-registro de delitos, en algunos casos con cifras que incluso pueden considerarse anómalas, en particular en los rubros de feminicidio, trata de personas, extorsión, secuestro, robo a transeúnte con violencia, robo de vehículo con violencia, violencia familiar y narcomenudeo. Causa en Común realizó un recuento de estas posibles anomalías, correspondientes al periodo enero a septiembre del 2021.

SEGURIDADES. A partir del reinicio de las actividades académicas, decretada por las autoridades federales hace un mes, los directivos del Colegio Himalaya de Monterrey, Nuevo León, decidieron aplicar una tecnología antiviral desarrollada en Suiza para proteger a sus maestros y alumnos. El sistema IonFlow, patentado por LightAir, neutraliza los coronavirus, según demostró una investigación realizada por el Instituto IrsiCaixa de Barcelona. Y de acuerdo a los resultados realizados por el Instituto Karolinska, también inhibe la transmisión aérea de los virus que causan la influenza y los vómitos invernales.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.

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