Hablar de organización de los órganos o de la colegiación de los colegiados suena raro; o de la sistematización de los sistemas que también resulta paradójico o extravagante aun cuando en realidad obedece a formas de organización, como una manera en que se ordenan o coordinan las relaciones humanas.

Un ejemplo es el escenario del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano autónomo, colegiado, que tanto encabeza el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) como forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Cada uno es un todo pero a la vez es independiente; cada uno organiza sus subsistemas y los estructura de acuerdo a sus objetivos y finalidades. ¿Acciones complejas? Sí, y mucho. Tanto como la democracia. ¿Quién dice que la transparencia es fácil? En ambos casos, si una pieza falla, si una relación es disfuncional, si hay alteraciones, el conjunto, el organismo o el método o como se le quiera llamar, no alcanzará su finalidad original. Veamos: para que funcione el SNA, deben funcionar 32 sistemas locales de anticorrupción.

Para que funcione el SNT deben funcionar y coordinarse 32 organismos garantes, ello requiere que en cada estado opere una institución de acceso a la información y de protección de datos personales, con autonomía y composición colegiada. Cada ley estatal determina el número de comisionados que los integran y su normativa atiende las disposiciones de la ley general de la materia. La eficacia del SNT radica entonces en la fortaleza de cada uno de esos órganos garantes. Por ello, hoy preocupa que algunos de esos institutos estatales vivan conflictos internos que los debilitan y desfavorecen el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos al acceso a la información y a la protección de los datos personales.

Uno de esos casos ocurre en la Ciudad de México, que al no haber designado las autoridades a los comisionados que relevarían a los salientes al término de su gestión, haya provocado hasta denuncias de orden penal. En otros casos, la destitución de comisionados por sus propios pares, con o sin razón legal, ha generado disfunción y llevado los casos ante las autoridades judiciales, mediante juicios de amparo y/o denuncias penales.

No podemos soslayar el principio de legalidad e incumplir con la tutela de los derechos humanos mencionados, que a la vez constituyen elementos decisivos para el ejercicio normativo en contra de la corrupción. Tampoco pasa inadvertido que nuestra Constitución claramente determina que los estados son libres y soberanos, motivo por el cual ninguna instancia ajena puede o debe intervenir cuando se trata de condiciones locales.

El INAI, como cabeza del SNT, del que forman parte los 32 institutos locales de transparencia, se mantiene respetuoso de esa autonomía pero con severa preocupación ante el aparente desdén por el trabajo colegiado que ya repercute en algunas de las comisiones del propio SNT.