El argumento central es que las recientes reformas a la legislación en México tanto en materia eléctrica como en petróleo son violatorias del T-MEC...

La idea es que la reclamación se presente de manera oficial en la próxima reunión bilateral comercial que se llevará a cabo entre una misión de alto nivel de los Estados Unidos con su contraparte de México.

La presente entrega parte de la noticia principal en la edición de El Economista del viernes de la semana pasada que rezó textualmente: “Petroleras piden a gobierno de EU reclame a México no cumplir T-MEC”. La solicitud de reclamación se presentó por parte de 600 empresas de hidrocarburos de aquel país a través del importante Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) y la cual se ha entregado de manera oficial a la USTR (United States Trade Representation) y en lo personal a la representante comercial de la administración Biden, Katherine Tai.

El argumento central es que las recientes reformas a la legislación en México tanto en materia eléctrica como en petróleo son violatorias de lo que se establece en el T-MEC. Según la API, el denominador común en las reformas correspondientes es (sic.) “obstaculizar la nueva inversión privada en el sector energético, así como destruir el valor de los activos privados que ya están operando en violación de los compromisos de México bajo el TLCAN y el T-MEC”.

Y la idea es que la reclamación se presente de manera oficial en la próxima reunión bilateral comercial que se llevará a cabo entre una misión de alto nivel de los Estados Unidos con su contraparte de México. A ver como va a enfrentar la improvisada secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, tan complicada cuestión.

De ninguna manera cabe suponer que esas 600 empresas energéticas estadounidenses que han presentado su reclamación a través de la API vayan a ser de la jáez del presidente de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, que acabó doblando mansamente las manos ante las muy evidentes presiones de Palacio Nacional, por la estimación sobre el costo de la cancelación del aeropuerto.

En el caso que nos ocupa, se trata claramente de otro tipo de antagonistas y de sus representes, además de la importante participación del gobierno de Estados Unidos. Y para reforzar el argumento, en la ya mencionada edición de El Economista del pasado viernes salió también la noticia de que en México ya se alistan 50 amparos en contra de la reforma a la Ley de Hidrocarburos. La noticia se conoció por conducto del presidente de la International Chamber of Commerce Mexico (ICC México), Claus Von Wobeser, en cuya opinión “habrá una fuerte defensa legal contra lo que se considera una violación a los derechos adquiridos...”

bdonatello@eleconomista.com.mx

Bruno Donatello

Columnista

Debate Económico

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