Desde el inicio de la pandemia por Covid-19 en México, el gobierno capitalino ha recomendado medidas para reducir riesgos de contagio y muerte. Una de las poblaciones más afectadas por el confinamiento, dada su mayor vulnerabilidad ante la enfermedad, es la de personas adultas mayores. Muchas de éstas enfrentan retos adicionales como enfermedades previas, limitaciones en movilidad, vista u oído, y condiciones de vida precarias. Si bien representan un porcentaje pequeño de la población (3.4 % en el país tiene 65 años y más según el último censo), no se les han garantizado todos los servicios básicos que requieren,  ni se ha evitado que sean víctimas de violencia delincuencial o familiar, ni reciben la asistencia psicológica necesaria en estos tiempos de aislamiento.

Sin duda tomando en cuenta este contexto, las autoridades capitalinas han buscado medios de facilitar ciertos trámites como el pago del predial con descuento para personas de la tercera edad, un procedimiento que después de varios años podría ser automático. Las buenas intenciones, sin embargo, no bastan cuando no se consideran las desigualdades o cuando la burocracia que debe dar servicio a la ciudadanía abusa de su minúscula parcela de poder sin medir las consecuencias. El caso descrito a continuación es sólo un ejemplo pero no es único (en redes sociales y por otros medios se difunden historias semejantes).

Ana Rosa Guadalupe DD (nombre ficticio) tiene casi 80 años. Desde hace varios años ha pagado el predial con descuento, mostrando un comprobante de domicilio que no incluye todos sus nombres. El año pasado, por motivos varios, no pudo hacer el trámite de reconocimiento de voz. En enero fue a su delegación para pagar el predial y encontró cerrada la oficina, sin aviso. Por teléfono la enviaron a una oficina en Mixcoac, donde le informaron que debía hacer el trámite por internet. Aunque sabe usar el correo electrónico, Ana Rosa no tiene impresora ni sabe cómo escanear sus documentos. Con la ayuda de un vecino logró enviar los formatos por vía electrónica a la dirección indicada. No una, tres veces, le rechazaron los documentos: porque eran ilegibles, porque había marcado dos veces una casilla, sin razón. En febrero decidió recurrir al método habitual.  Después de hacer varias llamadas, le indicaron que fuera a una oficina en la colonia Doctores. Ahí tuvo que esperar durante tres horas y media en un local cerrado con más de cuarenta personas que debían pasar de una silla a otra hasta llegar a un escritorio donde una funcionaria las atendía. Ahí, Ana Rosa se topó con un nuevo rechazo: esta vez, porque el comprobante de domicilio que siempre había usado no incluía su segundo nombre, “Guadalupe”. Mostró su credencial electoral, copia de los recibos de pago anteriores, explicó que por internet nadie había cuestionado sus identificaciones.... De nada le sirvió. Cansada y preocupada por el riesgo de contagio, volvió a su casa, a más de una hora de camino.

Frustrada por haber perdido los descuentos adicionales por pago anticipado en enero y febrero, Ana Rosa fue ayer a otra oficina. Ahí, finalmente pudo hacer su pago, con el mismo comprobante, identificación y copias de recibo que había mostrado antes. ¿Cuál es la lógica?, se pregunta. Ninguna más que la arbitrariedad y falta de criterio de la funcionaria anterior. 

Desde cierta perspectiva Ana Rosa tiene algunas ventajas: puede pagar por desplazarse de un lugar a otro y hasta ahora ha gozado de buena salud pese a su edad. Esto no justifica que, tras meses de confinamiento, durante los cuales no ha visto a sus amistades o familiares, ni ha salido más que para hacer compras, se vea obligada a exponerse  al contagio por la incapacidad de la burocracia de dar información adecuada y no complicar más la vida bajo emergencia sanitaria. ¿Acaso ya no es prioritario que la población que pueda hacerlo se quede en casa?

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

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