Los órganos de vigilancia y control (OVC) estatales y federal se encuentran sobrecargados de trabajo. Cada vez se les asignan mayores funciones, mayor protagonismo en la lucha en contra de la corrupción con menores recursos y menos personal. Los OVC tienen encomendado investigar, tramitar y sancionar faltas administrativas y los hechos de corrupción de funcionarios y de particulares. Éstos últimos son turnados al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución y, en su caso, al Ministerio Público para que integre la carpeta de investigación.

Son la herramienta más importante para vigilar los recursos y la actuación de los funcionarios. Por ello, la nueva política anticorrupción debe redimensionar su tamaño, potencialidades y atribuciones. Se debe también desarrollar las capacidades de los OVC para sustanciar las conductas irregulares, de tal manera que se sostengan ante los órganos jurisdiccionales. En la actualidad, hay una alta impunidad en la lucha anticorrupción. De 100 irregularidades detectadas, 25 se convierten en procesos administrativos sancionatorios y sólo cuatro terminan con una sanción. Mucha fiscalización y poca sanción.

Es claro que dichos órganos no pueden auditar exhaustivamente a los tres órdenes de gobierno, ni investigar ni sancionar todas las faltas administrativas, por lo tanto, es necesario repensar sus actividades para generar disparos de precisión en la lucha anticorrupción. Deben investigar casos emblemáticos, sancionar las redes de corrupción públicas y privadas, incluyendo a presidentes, secretarios de estado y gobernadores y estipular acciones concretas para que los servidores públicos regresen el dinero mal habido, sólo así se logrará inhibir las prácticas corruptas.

También se deben incorporar mecanismos de justicia alternativa y mecanismos abreviados para resolver las faltas no graves, como las irregularidades administrativas relacionadas con la falta de la presentación de la declaración patrimonial. Estimado lector, muchos recursos institucionales se gastan en resolver las faltas que poco impactan en la lucha anticorrupción.

Las reflexiones de este artículo son producto del Diplomado en Acceso a la Información, Transparencia, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto, organizado por Carlos Couderier Real, director del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Agradezco de manera especial a la maestra Adriana de Santiago Álvarez, contralora de esa universidad, por sus aportaciones sobre el papel de los órganos internos de control en el sector público.

Eliseo Rosales Ávalos

Abogado

Los mismos de siempre

Politólogo y abogado, académico, columnista, presidente de ciudadanos sin partido y orgulloso mexicano.