La situación de atraso, conflictividad e impunidad que observan y transmiten los tres estados más pobres del país, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (GOC), ha sido delineada en colaboraciones anteriores, al igual que la gama de causas probables en línea con algunos de los teóricos más relevantes del desarrollo político y económico y del cambio institucional. Siendo vital plantear una estrategia multidimensional para GOC, aventuremos ideas:

Primera. Transformación radical del sistema educativo. La reforma educativa debe llevarse hasta sus últimas consecuencias en términos de formación, evaluación y carrera magisterial meritocrática. Ha de incluir una inversión masiva en instalaciones escolares y la transformación de normales rurales (actualmente centros de adoctrinamiento, explotación política y subversión) en universidades públicas despolitizadas de alta calidad (como la Universidad del Mar en Oaxaca).

Segunda. Programa intensivo de construcción de carreteras para lograr la integración física en GOC, así como de aprovechamiento de fuentes renovables de energía (hidroeléctrica, eólica, geotérmica) bajo criterios estrictos de protección ambiental y beneficios para las poblaciones locales.

Tercera. Reducir proporcional y numéricamente la población rural en condiciones de pobreza extrema, subsistencia y sin opciones, por medio de una política explícita de migración, inserción productiva y urbanización en las ciudades de mayor aptitud territorial, física y económica: Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Lázaro Cárdenas (aunque es Michoacán, del otro lado del Balsas), Oaxaca, Huatulco, Salina Cruz, Tuxtepec, Tuxtla Gutiérrez, Palenque y Tapachula. Es indispensable una intervención federal visionaria y eficaz en esas ciudades en materia de inversión pública y privada, desarrollo económico, vivienda, transporte y ordenamiento urbano, educación, servicios, espacio público, instalaciones deportivas y culturales. Varias de éstas deben ser núcleos urbanos de las zonas especiales de desarrollo (ZED) anunciadas por EPN en noviembre pasado. Tales ZED requieren de regímenes fiscales excepcionalmente ventajosos, enlaces entre universidades locales y mecanismos de promoción empresarial y tecnológica, una política industrial enérgica y competente, infraestructura y nuevos esquemas de regulación territorial y desarrollo sostenible. Por supuesto, demandan nuevas fórmulas de gobierno concurrente que desafían a nuestro marco constitucional.

Cuarta. Conservación de la biodiversidad. Programa de gran alcance de fortalecimiento y creación de nuevas áreas naturales protegidas, como capital natural y sistema básico de bienes públicos y servicios ambientales críticos, y plataforma crucial para el desarrollo turístico.

Quinta. Gobierno, rediseño municipal, seguridad y legalidad. Los cacicazgos deben ser identificados y erradicados, y debe emprenderse una ambiciosa reforma de los gobiernos locales para hacerlos transitar desde el patrimonialismo corrupto y la incompetencia hacia la eficacia, la imparcialidad y la transparencia. Es urgente redefinir las jurisdicciones municipales y compactarlas en unas pocas decenas en cada estado; existen en GOC más de 700 municipios miserables y disfuncionales. Las policías municipales deben desaparecer e integrarse cuerpos policiacos únicos con los estándares más altos en calidad y capacidades operativas. La implantación del estado de derecho y una cruzada por la legalidad son fundamento de lo demás.

Sexta. Reconstrucción del tejido social y de la sociedad civil. Deben promoverse nuevas organizaciones sociales a escala local, municipal y estatal orientadas hacia la cultura, la educación, el deporte, la salud, la calidad del espacio público, los servicios públicos de calidad, el medio ambiente, el desarrollo empresarial, la seguridad, etcétera; inhibiendo a las organizaciones tradicionales que conjugan rentismo, subversión, vandalismo y delincuencia. ¿Qué más?