El texto del decreto de presupuesto contempla una serie de disposiciones que interpretan, en ocasiones mejoran y no pocas veces pretenden evitar disposiciones de gasto establecidas en distintas leyes. El decreto puede ser una oportunidad para corregir los excesos en el ejercicio del gasto y garantizar la transparencia necesaria para monitorear el presupuesto durante el año. Lo que debe contemplar el decreto son precisamente las recomendaciones que año con año hace la Auditoría Superior de la Federación para mejorar el gasto.

El decreto debería obligar a la SHCP a algo tan sencillo como detallar el origen y destino de cada uno de los componentes de los ingresos excedentes del gobierno y de todas las reasignaciones de gasto que realice. Actualmente es imposible conocer la fuente de ingresos que sustenta los incrementos a partidas que el gobierno decide favorecer.

La SHCP tendría que acompañar el paquete con una exposición de los riesgos relevantes que enfrentan las finanzas públicas en el mediano y largo plazo, la probabilidad de que se materialicen y las estimaciones de su impacto fiscal. Los riesgos latentes son muchos y muy graves (que se elimine el TLCAN, que la economía global crezca menos, que incrementen las tasas de interés, que bajen los precios del petróleo, que se desacelere la demanda interna, que no se detenga la inflación) como para no considerarlos en nuestra planeación financiera pública.

El gobierno tendría que informar de manera sistemática y clara todas las obligaciones financieras vinculadas con las asociaciones público privadas o proyectos equiparables, para contar con una cifra cierta de nuestras obligaciones contingentes y una evaluación de sus riesgos y prácticas. La ASF señala que con frecuencia se impide la fiscalización de ese tipo de asociaciones, ya que no siempre se considera que los recursos utilizados para pago, y garantiza sean públicos.

Con respecto a la triangulación que se realiza, por medio de las universidades públicas, la ASF recomienda que, en la contratación de bienes o servicios entre entidades de la administración pública, el titular de la entidad contratante debe siempre suscribir los contratos correspondientes, verificar que la entidad contratada cuente con la capacidad técnica, material y humana para realizar contratos, establecer en los contratos penas para los proveedores en caso de incumplimiento y registrar en el CompraNet los contratos entre entidades.

La SHCP debe listar y detallar los proyectos de alto impacto, cuyo monto no incluye en el cálculo de lo que se conoce como el déficit tradicional. La Secretaría debe ofrecer los análisis que muestran que estos proyectos son adecuados para ser financiados con deuda pública. Es también necesario que cada peso sustentado en deuda sea ligado al proyecto de inversión correspondiente, de tal forma que los recursos contratados como deuda se apliquen al fin solicitado, y se evalúe su desempeño.

El decreto también tendría que impedir que durante el año se puedan incrementar recursos como los destinados a las oficinas de comunicación social, que crecen en más de alrededor de 1,000 a más de 7,000 mdp cada año o los de la Presidencia de la República, que cada año recibe el doble de los recursos aprobados originalmente. Tampoco que se puedan incrementar sin límites y sin control los recursos para partidas de seguridad nacional que no cumplen con los requisitos mínimos de comprobación, trasparencia y evaluación.

 

Twitter: @vidalllerenas

VidalLlerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.