Hay noticias que causan malestar o dan esperanza, según el cristal con que se lean. Si, por una vez somos optimistas, el anuncio de la SRE de que México ofrecerá asilo a personas afganas, en particular a mujeres en mayor riesgo, puede llevarnos a imaginar cambios deseables y necesarios en política de migración y prevención de la violencia. Ofrecer asilo a personas en grave peligro implica garantizarles condiciones de vida acordes con los derechos humanos.  Supongamos entonces que el gobierno mexicano, además del asilo, les garantizará una vida sin violencia, acceso a trabajo, salud, educación, etc.

Por mínima coherencia, si esto ofrece a quienes huyen de Afganistán, tendría que hacer lo mismo con quienes huyen de Haití y Centroamérica. También debería estar planeando cómo garantizar los derechos de quienes han sido y son expulsados de Estados Unidos bajo la abominable política "Quédate en México" de Trump, fortalecida bajo el pretexto de la pandemia (Title 42) y sostenida por el gobierno de Biden, pese a presiones de organizaciones promigrantes y la ACLU.

Así mismo, hemos de suponer que a los miles de personas mexicanas forzadamente "retornadas" en estos años se garantizarán mejores condiciones de vida y trabajo puesto que el Estado debe garantizar los derechos humanos de su población. De hecho, la sociedad mexicana entera debería contar también con el compromiso de su gobierno de reducir (y hasta eliminar) la violencia, crear empleos y garantizar la salud y la educación. Se demostraría así que la política "humanista" y hasta "feminista" no es mero juego verbal.

La mala costumbre de la desconfianza ante la sistemática política de simulación del gobierno, nos lleva, sin embargo, a mirar cifras y noticias que nos alejan del ensueño del "mejor de los mundos" posibles.

Ante lo que la propia COMAR llama "la cuarta oleada" migratoria desde el exilo español de 1939, el gobierno mexicano, con apoyo de ACNUR, ha tomado algunas medidas como el procesamiento de asilo simplificado para algunas nacionalidades, la contratación de más personal, con apoyo de ACNUR, que también intenta mejorar las condiciones en campamentos de la frontera norte. Sin embargo, las propias cifras de COMAR sugieren rezagos  ya que de 223,067 solicitantes entre 2013 y junio 2021, sólo se resolvieron 84,616 casos y se otorgó condición de refugiado o protección complementaria (status menor que el asilo) a 62,674 solicitantes, lo que sugiere que más del 50% no se procesaron. Según Refugees International, no se puede medir el éxito de estas mejoras porque la COMAR no publica datos acerca de solicitudes abandonadas.

Al rezago en el otorgamiento de asilo, se añade la desigualdad por nacionalidad: mientras que a migrantes de Honduras y El Salvador se les considera bajo una definición de asilado más amplia, que incluye entre otras causas la violencia generalizada en el país de origen, quien huye de Guatemala o Haití tiene menores posibilidades de convertirse en refugiado: 22% si viene de Haiti vs. 86% si es de Honduras (2020), contraste que puede deberse también a discriminación.

Más allá de las cifras, mera aproximación a un mundo de migraciones crecientes y diversas, los medios demuelen cualquier quimera acerca de la hospitalidad del gobierno mexicano: en años recientes se han denunciado hacinamiento y malas condiciones de salud, agravadas por el Covid-19, campamentos de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros y en estaciones migratorias del sur. Este año se repiten notas sobre "liberación" de migrantes secuestrados por el crimen organizado, asesinatos y violaciones.  Habrá quien argumente que Estados Unidos es culpable en México del mismo trato inhumano que impone a los migrantes en su territorio. Sin embargo, quien debe garantizar los DDHH aquí es el gobierno mexicano, que aceptó hacerse cómplice de esa necropolítica y que ha dejado a merced del crimen organizado a personas migrantes y a millones de connacionales.

México debe seguir siendo tierra de asilo pero debe también garantizar a todos condiciones dignas.

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

Lee más de este autor