Marzo de 2018 se marcará en el calendario jurídico como el mes que cimbró la fortaleza cibernética de la red social Facebook. A pesar de que el coloso digital enfrentó a la justicia administrativa en otras instancias y, en muchas de ellas, terminó por pagar cuantiosas sumas por diversas infracciones en materia de protección de datos personales, el escándalo detrás de la filtración leonina de información, a cargo de Cambridge Analytica, fijó el precedente político y jurídico más valioso en la “era de las redes sociales”. A saber de las declaraciones de Mark Zuckerberg ante el Senado de los Estados Unidos de América, la filtración de los datos de más de 70 millones de ciudadanos americanos: “Fue un error”.

Frente al dicho de Zuckerberg, la falta de profundidad y desconocimiento de los Senadores e integrantes del Comité de Comercio de la Cámara de Representantes del gobierno americano, confirmó el rezago legislativo de la Unión Americana en materia de redes sociales y proveedores de servicio en Internet. Éste escenario se replicó el pasado 22 de mayo del año en curso, ante un comité especial de la Unión Europea (Eurocámara), en el marco de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos Personales (GDPR), lo que únicamente parece ser un acto de campaña para recuperar la confianza en la red social en cuestión y fortalecer el impacto mundial de la directiva europea. 

A pesar de los planteamientos de Zuckerberg, las autoridades americanas y europeas mantienen sobre la mesa la posibilidad de limitar la autorregulación de las redes sociales y facultar al Estado para su intervención, en afán de evitar otro escándalo Cambridge Analytica. 

Las recomendaciones gubernamentales parecen inatendibles, si consideramos el número de usuarios a los que se enfrentan las redes sociales consuetudinariamente. Tan sólo en junio de 2017, Facebook ya alcanzaba la cantidad de 2,000 millones de usuarios activos de forma mensual, lo que se podría traducir en el “país digital” con mayor cantidad de ciudadanos en el mundo, incluso sobre la población de China. Con esta carga demográfica en el sitio de la red social, se forzó la creación de mecanismos de autorregulación más eficientes que los procesos legislados, en afán de brindar sostenibilidad a las reglas de la comunidad y justificar la falta de participación Estatal.

De esta forma, la necesidad poblacional de las redes sociales han incitado a la implementación de mecanismos propios de regulación y cuya exigencia implica altos estándares de Ciberseguridad, como el caso de Privacy Shield Framework; una iniciativa para-estatal, en la que intervienen entidades digitales, el Parlamento de la Unión Europea, y los gobiernos de Estados Unidos y Suiza, para crear el programa de certificación en materia de protección de datos personales para regular el intercambio trasatlántico. Éste se encuentra a cargo de la Administración Internacional del Departamento de Comercio del gobierno de los Estados Unidos y permite a los interesados obtener esta certificación voluntaria. El “Escudo de privacidad” se otorgó a Facebook y sus filiales (Twitter WhatsApp, Instagram), lo que faculta al usuario:

  1. iniciar solicitudes de protección de datos personales, desde su perfil;
  2. obtener un pago por concepto de indemnización, en caso de acreditar un indebido tratamiento de datos personales (a  través de TRUSTe un máximo 48 horas), y
  3. la entidad certificada (la red social) perdería tal calidad.

Estas 3 consideraciones resultarían inalcanzables en solicitudes tradicionales de protección de datos personales, no sólo por los plazos prescritos en las normas —6 meses en promedio— sino por la falta de pago de indemnización a favor del titular. 

Por ahora, la autorregulación de las redes sociales permite al usuario la facilidad de iniciar procedimientos por indebido uso de su imagen o nombre, reclamaciones en materia de Derechos de Autor (Audible Magic y Rights Manager), notificar noticias falsas (Fake News Report), denunciar acoso escolar o laboral (Bullying) y reportar cuentas que violen las reglas de la comunidad (por publicar contenido ofensivo, gráfico o no apto para menores); cuyas resoluciones se dictan en menos de 24 horas. Sirve de incentivo al uso de estos mecanismos, el Amparo en Revisión 587/2017 Google México vs. Ulricht Richter Morales, en el que se confirma una resolución del año 20165, respecto a la competencia de los tribunales mexicanos para juzgar a Google, sin resolver sobre la permanencia del portal difamatorio a pesar del daño moral que provoca en el demandante. Un proceso de reclamación de daño moral que ha tomado casi 2 años —debido a la dilación procesal—, podría resolverse en 48 horas a través de la herramienta de “Reporte” que brinda el propio portal, sin la intervención de autoridades jurisdiccionales. Es decir, en materia de protección de datos personales y salvaguarda de la imagen, los mecanismos de autorregulación de las redes sociales brindan una vía oportuna a favor de los usuarios, lo que permitiría defender estos mecanismos frente a cualquier participación Gubernamental.

Si bien estos portales no podrán exentar escenarios desfavorables, los medios de autorregulación se ostentan como una opción loable para brindar una reparación expedita a favor del titular, frente a los desactualizados procesos tradicionales. El presente escrito es una invitación a confiar en las fórmulas de autorregulación que brindan las redes sociales, por su eficiencia, eficacia y entendimiento del entorno.