Con el ánimo de ganar adeptos y votos, en la actual contienda presidencial, los candidatos se han esforzado en realizar un conjunto de propuestas que, de concretarse, serían nocivas para el país.

Todos, sin excepción, tienen planteamientos que implican reducir los ingresos a través de baja de impuestos o derechos, sin proponer la fuente de reposición de tales recursos. Todos sabemos que no se puede sostener el nivel de gasto si se reducen los ingresos.

Desde luego todos también caen en el exceso de proponer incrementos en los programas sociales, ya sea de cantidad, cobertura o nuevos subsidios para sectores de la población o incluso para todos, claro, sin explicar de dónde provendrá el ingreso para incrementar esos gastos.

En democracias con un mejor grado de madurez del electorado, los candidatos acompañan sus ofertas con el correspondiente incremento de ingresos. Tal es el caso de Colombia, donde el candidato Gustavo Petro propone un nuevo impuesto a las grandes extensiones agrícolas y el candidato Iván Duque habla de una reforma al Impuesto sobre la Renta para obtener mayores fondos que financien sus propuestas. En México, los candidatos proponen en general incrementos al gasto social y, al mismo tiempo, reducciones de impuestos.

Pero adicional a las propuestas tóxicas en lo económico, en el caso de Andrés Manuel López Obrador tiene también la oferta de cambiar el diseño estructural del sistema mexicano con mecanismos que pueden ser también altamente nocivos para nuestra imperfecta democracia. Veamos sólo algunos ejemplos:

Ratificación de mandato y democracia popular. La ratificación, que es una elección sin contendiente, de manera indirecta vulnera la representación del Congreso. El pueblo manda, pero debe ser con reglas claras que no impliquen el potencial beneficiario de ese ejercicio toda vez que, en el camino, se convierte en la vía para legitimar reelecciones como lamentablemente ha sucedido en varios países de América Latina, en Rusia y Turquía, entre otros. Lo mismo puede decirse de las ambiguas propuestas de democracia popular que ha mencionado este candidato. Alejandro Rojas Díaz Durán ya advirtió que en cuanto lleguen al gobierno, destituirán de su cargo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Por lo que hace al Tribunal Constitucional, del cual sólo se ha dicho que seguiría el modelo de España, tendrá sin duda la sospecha de ser un mecanismo para vulnerar la autonomía de la Suprema Corte y tener un tribunal a modo que lastimaría el deteriorado sistema judicial de nuestro país.

La Guardia Nacional es un verdadero enigma. Se habla de incorporar a civiles armados. La preocupación se incrementa cuando se invita de candidato a José Manuel Mireles, líder de autodefensas en Michoacán.

Frente a todo lo anterior, convendría confrontar a los candidatos para que clarifiquen sus propuestas tóxicas, tanto en lo económico como en las de cambio de diseño del sistema político. De no hacerlo, tendrán la justificante de que en la elección ya fueron respaldadas y se encaminarán a su implementación con las consecuencias que entrañan en polarización social y los riesgos de su establecimiento.