No se escuchó la voz de los senadores ni diputados en favor de la capital para exigir su inclusión en el paquete de reformas políticas, a pesar del proyecto enviado al Congreso desde agosto pasado

El gobierno de la ciudad de México arrancó el 2014 con buenos propósitos que, de alcanzarse, mejorarán la calidad de vida de los capitalinos.

Anunció la consolidación de proyectos en materia de movilidad, fortalecimiento al desarrollo económico y a la procuración de justicia, entre otros.

Planteó la apertura de corredores peatonales en la calle 16 de Septiembre y la Plaza de la Fundación de México-Tenochtitlán, en el Centro Histórico, así como la recuperación de la avenida Presidente Masaryk y Homero, en Polanco. Y adelantó un posible rediseño del Circuito Interior como vialidad sin semáforos.

También envío a la ALDF una iniciativa para expedir la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, con miras a generar nuevos empleos, promover el autoempleo, fomentar la inversión productiva, atraer capitales, modernizar la actividad económica y fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.

En el ámbito de justicia, por ejemplo, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ofreció seguir mejorando la calidad del servicio en las Agencias del Ministerio Público. Otro gran pendiente inaplazable, ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, será profesionalizar al Ministerio Público, la policía de investigación y los peritos oficiales, con el fin de transitar hacia una eficiente cultura de la legalidad y desterrar las actuaciones por consigna y la dádiva.

El talón de Aquiles de un buen gobierno reside en la confianza que los gobernantes brindan a sus ciudadanos, quienes confían en que la economía con enfoque social, promovida por un gobierno progresista, será una realidad. Donde el sector público sea altamente eficiente e innovador para propiciar justicia, igualdad de género y reducción de las desigualdades socioeconómicas en el territorio.

Unidad por la ciudad

Una prioridad de la administración capitalina es reimpulsar la reforma política del Distrito Federal, soslayada en la aprobada fast track a finales del 2013, sin que los representantes en el Poder Legislativo tuvieran oportunidad de mostrar sus dotes parlamentarias. No se escuchó la voz de los senadores ni diputados en favor de la capital para exigir su inclusión en el paquete de reformas políticas, a pesar del proyecto enviado al Congreso desde agosto pasado.

Sólo una Constitución Política propia podrá reconocerle su verdadera ciudadanía a los capitalinos. Con tal reforma, la ciudad capital elevará su estado jurídico homologándose al de cualquier otro estado de la República, en beneficio de la gobernanza territorial y de la calidad de vida de sus habitantes. Ojalá este año los jefes delegacionales dediquen menos tiempo a su futuro político y promoción personal, y se sumen a la necesidad de consolidar un frente común en favor de la consolidación del llamado Estado 32. Pero sin duda alguna son los legisladores -senadores y diputados que actualmente gozan de la responsabilidad de representar a los capitalinos-, quienes deben defender el interés general y promover los cambios legislativos para empezar a transitar hacia una reforma política integral del DF.

En un propósito como este, coincidimos todos los habitantes de la ciudad de México.