México sostiene relaciones comerciales con más de 50 países, con los cuales intercambia bienes y servicios de diferente índole; entre éstos, destacan los productos agroalimentarios, ya que en su conjunto representan 50% del valor del comercio del sector primario y su industria, que en el 2011 se conformó de 92.8 millones de dólares y equivale a 14% de la compras y ventas totales de la nación de ese año, según información del Sistema de Consulta de Estadísticas de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE).

La participación de los productos agroalimentarios mexicanos en la esfera internacional ha venido incrementándose en los últimos años, como lo muestra la tasa de crecimiento medio anual del valor de las exportaciones en el periodo comprendido entre el 2009 y el 2011, que fue de 20 por ciento.

Su incursión y aprecio en el extranjero ha sido exitoso debido, entre otras causas, a que su calidad puede ser garantizada mediante su certificación, tarea que resulta poco sencilla, sobre todo, cuando se trata de alimentos.

En este sentido, México ha desarrollado un sistema de regulación integrado por normas, donde destacan las normas oficiales mexicanas (NOMs) por ser de observancia obligatoria y cuyo cumplimiento permite obtener la certificación de parte de las instancias facultadas para emitirla, que acredita que los insumos, procesos, condiciones y especificaciones de determinado producto fueron obtenidos conforme en ellas se establece, constituyendo así un mecanismo que otorga confianza al consumidor nacional e internacional sobre el bien en cuestión.

Con relación al sector agropecuario, en el Catálogo de la Dirección General de Normas de la SE, se encuentran registradas alrededor de 210 NOMs que son aplicables a los procesos productivos e industriales.

La certificación más conocida dentro y fuera del país es la proporcionada a través de la marca México Calidad Suprema, que es propiedad del gobierno Mexicano.

Según la Asociación Civil del mismo nombre, las empresas del sector agroalimentario que ostentan este instrumento (en el 2010 eran 410 empresas y 42 productos) tienen beneficios adicionales a los ya mencionados, pues reducen hasta en 20% sus costos debido a la menor presencia de reprocesos, reclamos, devoluciones, tiempo muerto y recursos.

El gobierno mexicano hoy en día ofrece a las empresas y organizaciones inmersas en el sector agroalimentario la opción de respaldar la calidad de sus productos, organizarse, negociar y acceder a nuevos y mejores mercados.

Para lograrlo, no se debe perder de vista que el atributo de alta calidad en un bien no es suficiente para que sea adquirido y apreciado por los compradores, no obstante, es necesario; más aún si se desea acceder a aquéllos que poseen mayor poder adquisitivo en la búsqueda de un precio mayor.

*Xóchitl Gil Camacho es especialista de la Subdirección de Evaluación de Programas de FIRA. La opinión es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA. [email protected]