El crecimiento sostenido de cualquier economía se explica por dos elementos fundamentales: el aumento en la cantidad de los factores de la producción, principalmente en el acervo de capital por trabajador, y en las ganancias en productividad, que se derivan particularmente de la incorporación de cambios tecnológicos en los procesos productivos, así como del aprovechamiento de economías a escala. La economía mexicana lleva tres décadas sin experimentar un crecimiento económico sostenido, un crecimiento que se traduzca en un mayor PIB real por habitante y un mayor nivel de bienestar de la población por una razón básica: no ha habido en estos años un aumento significativo de la productividad.

El poco aumento que ha habido se deriva de que una parte de la mano de obra, principalmente aquellos que laboraban en la agricultura de subsistencia, han migrado a las zonas urbanas, empleándose en trabajos de mayor valor agregado. Muy poca ha sido la aportación de nuevas tecnologías que incrementen la productividad factorial total, y menos aún el aumento en el tamaño de las empresas en operación, que se traduzca en el aprovechamiento de potenciales economías a escala.

Existen en la economía mexicana diversos elementos que inhiben el crecimiento de la productividad y, por lo mismo, inhiben el crecimiento económico. Uno, sin duda importante, es la baja tasa de acumulación de capital humano entre la población, aunado a la baja calidad de la educación que se imparte en el sistema educativo nacional. Una fuerza laboral con muy poco capital humano, pero aún, de calidad deficiente, se constituye como un elemento que inhibe la introducción de tecnologías modernas en la producción y, en consecuencia, inhibe el incremento de la productividad.

Pelearse con el SNTE y otros sindicatos del sistema educativo es una misión imposible.

Un segundo elemento es la enorme maraña de regulaciones y trámites, ante todos los órdenes de gobierno, pero particularmente en los niveles estatal y municipal. Los muy altos costos de transacción que se derivan de ello implican dos cosas. La primera es que, para muchas empresas legalmente constituidas, crecer es demasiado costoso por lo que permanecen con un tamaño que les impide aprovechar economías a escala y, en la mayoría de los casos, operando con tecnologías obsoletas. La segunda es que muchas empresas optan por operar en la ilegalidad, en unidades de producción tan pequeñas que el único resultado es una muy baja productividad. Los llamados a una más eficiente regulación han sido siempre palabras que se las lleva el viento; simplemente no existe algo significativo que se haya logrado en esta materia.

Una tercera, pero que está ligada a la anterior, es la existencia de un sistema de seguridad social dual, IMSS–Seguro Popular. Este sistema, por su propio diseño, promueve la informalidad, ya que algunos trabajadores preferirán repartirse con sus empleadores los costos de estar afiliados al IMSS sin perder por ello, a través del Seguro Popular, el acceso a la atención médica.

Es por lo mismo, deseable moverse hacia un sistema único de seguridad universal.

Uno más es la notable deficiencia en la protección de los derechos de propiedad intelectual, tanto por parte del Ministerio Público federal como del Poder Judicial federal. La piratería de marcas y procesos es tan grave en México que se inhibe la introducción de nuevas tecnologías.

Y hay muchos más, pero se acabó el espacio. Seguirá.

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