En el Foro Económico Mundial, llevado a cabo la semana pasada en Davos, el Secretario de Hacienda de México indicó que no se impulsará artificialmente el crecimiento económico con políticas fiscales y monetarias expansivas, sino que lo que se busca es incrementar la productividad en los diferentes sectores de actividad económica. Apreciación correcta porque la economía no se expande más rápidamente debido a que la productividad factorial total no solamente no ha aumentado sino que inclusive ha disminuido, de forma tal que la única fuente de crecimiento en los últimos años ha sido el aumento en la cantidad de los factores primarios de la producción (capital y mano de obra). La pregunta relevante es, entonces, cómo generar las condiciones para la modernización de la planta productiva que derive en una mayor productividad.

Una de las principales causas de por qué la productividad no ha aumentado es que los incentivos que se derivan del arreglo institucional no están alineados con el objetivo de crecimiento económico, es decir, son las actuales reglas del juego las que lo inhiben.

En el sector agrícola conviven dos grandes tipos de modos de producción. Por una parte está la agricultura comercial que utiliza tecnologías modernas de producción (maquinaria, riego, fertilizantes químicos e insecticidas) que deriva en una alta productividad por hectárea sembrada. Por otro lado, está la agricultura tradicional que labora con técnicas obsoletas y que es, en consecuencia, una de una muy baja productividad, dándose este fenómeno particularmente en los minifundios y en los ejidos. La persistencia de este tipo de propiedad agraria no aporta al crecimiento económico y, peor aún, condena a una parte significativa de la población rural a vivir en la pobreza. Insistir en que el minifundista se quede en el campo no es el camino a seguir, no importa cuántos recursos fiscales se les transfieran, como ya se ha demostrado a lo largo de nueve décadas.

Por otra parte, tenemos a las unidades de producción en las áreas urbanas. Aquí encontramos que las empresas se enfrentan a una regulación excesiva e ineficiente, una que encarece la creación y crecimiento de empresas en el sector formal. Altas barreras de entrada y de salida de los mercados, burócratas que aplican a discreción la regulación y extraen rentas a las empresas, un diseño tributario deficiente y una enorme carga derivada del diseño del sistema de seguridad social, que implica que ésta sea para efectos prácticos un impuesto al empleo formal, todo ello generando los incentivos para que muchas empresas opten por operar en la informalidad en muy pequeñas unidades productivas, con tecnologías obsoletas, de baja productividad y sin poder generar economías a escala.

Al igual que en el sector agrícola tradicional, la solución no es transferirle a las micro y pequeñas empresas recursos fiscales, como lo muestra el hecho de que a pesar de este tipo de apoyos, la vida promedio de 80% de este tipo de empresas es de sólo dos años. El camino a seguir es hacer una profunda reforma regulatoria en los tres niveles de gobierno, una que reduzca significativamente los costos de entrada a la formalidad, una que abata drásticamente la corrupción que enfrentan las empresas. Adicionalmente, es indispensable eliminar las contribuciones patronales al IMSS y financiar la seguridad social a través de los impuestos generales, por lo que es imperativo una profunda reforma tributaria.

Es claro que de persistir las actuales reglas formales del juego, la productividad factorial seguirá estancada y el crecimiento económico seguirá siendo muy bajo. Ahí está el reto.

ikatz@eleconomista.com.mx