En un nuevo pico de la pandemia y en un año en  que la crisis económica atenaza con más fuerza a millones de familias, el discurso del gobierno federal se centra en distractores o alude con ligereza a problemas serios como la impunidad y la relación con Estados Unidos. Como si enfrentar la realidad no fuera reto suficiente para la sociedad, se recurre desde el poder a la estrategia de la cultura del shock, que hace imposible responder a los embates cotidianos contra instituciones, medios y personas, ir más allá de la indignación ante la corrupción, la opacidad o candidatos impresentables, o unirse para frenar o revertir la ola autoritaria que busca engullir los organismos autónomos y fortalece la militarización.  ¿Dónde queda en este panorama una estrategia para prevenir, contener, detener y castigar la violencia que asuela a familias, barrios y comunidades enteras?

Causa en común recién publicó un” Informe anual de atrocidades 2020” que conjunta las diversas formas de violencia extrema que azotan a familias y regiones enteras de México. No se trata sólo de actos de barbarie normalizados en zonas donde predomina el crimen organizado, aunque algunos indicios permiten asociarlos con éste. La violencia extrema forma también parte del arsenal que se usa en las casas y calles contra mujeres, niñas y niños que mueren a manos de cónyuges, conocidos o desconocidos para quienes infligir más daño que la muerte misma es un acto de afirmación, venganza o práctica “imitativa”

Aunque las cifras no dicen la profundidad del dolor y del trauma que se abate sobre familiares, conocidos y vecinos, sí permiten denunciar la extensión y gravedad de la “otra pandemia” que sufre el país. Según este informe,  basado en datos de prensa, sólo el año pasado se registraron 5,380  actos con “uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo” para causar muerte o “provocar terror”, que dejaron  6,365 víctimas (causanecomun.org.mx). Entre éstos, se cuentan 944 casos de tortura, 672 masacres, 42 linchamientos, 410 asesinatos de niños y niñas  y 171 asesinatos de mujeres con crueldad extrema (probablemente feminicidios), 16 casos de violación tumultuaria (más de 3 hombres), 29 asesinatos de defensores y 13 de periodistas, y otras aberraciones. A esto se suman 1,350 cuerpos o restos de personas encontrados en fosas clandestinas, cifra que apenas alude a la desaparición creciente y a la proliferación de entierros clandestinos en todo el país. Como escribiera María Elena Morera en El Universal, todo esto sucede bajo un gobierno que afirma que “ya no hay” masacres, ni tortura; que se dice defensor de los derechos humanos y, sin embargo, ha recortado  recursos a refugios para mujeres maltratadas y a instancias de protección  de periodistas y defensores.

La expansión y normalización de la violencia, y de la violencia extrema en particular, no son nuevas.  Desde hace años ONGs , defensoras y periodistas han  denunciado cómo en zonas de conflicto, en barrios y casas,  la población vive con miedo, gasta más en seguridad, modifica su vida cotidiana para protegerse, deja de salir. Lo terrible es que, aun cuando, bajo pandemia, se sale menos, hay menos convivencia social, se reducen los recursos, la violencia siga minando la vida colectiva e individual, los traumas del feminicidio, la desaparición, los asesinatos colectivos y la crueldad como forma de relación sigan acumulándose, mientras los responsables de la seguridad y la legalidad siguen con la vista puesta en el acaparamiento de poder, en las elecciones de junio o en la falaz idealización de la familia y la irresponsable culpabilización de las madres “que no inculcan valores “.

Ante esta obscura situación y la evidente negación de éstos y otros hechos intolerables por las autoridades, corresponde  a la sociedad no dejarse distraer con cada nuevo escándalo o prédica sin sentido y exigir políticas integrales para preservar la salud, la vida, la seguridad con justicia y la libertad.

@luciamelp

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

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