De algún tiempo para acá resulta imposible leer los encabezados nacionales (o los internacionales) sin cierto pasmo. No importa el conocimiento previo que tengamos, nuestras preferencias políticas o personales, el crédito o descrédito que nos merezcan algunas instituciones o los personajes que las conducen y conducirán.

Quizá lo único que nos queda es hacernos preguntas, y no olvidarnos de ellas o de su pertinencia cuando nos enfrentemos a las distracciones del siguiente ciclo noticioso.

Por ejemplo: Si hay un candidato que fue electo en forma legítima e incuestionable, y ese personaje está a unos días de asumir su cargo. ¿Para qué adelantarse con un ejercicio costoso, cuestionable e ilegítimo (al margen de las instituciones que lo eligieron y va a representar) como fue la consulta “pública” para el aeropuerto capitalino?

No tiene sentido.

Según las elucubraciones que hacen algunos analistas políticos, lo que busca el próximo presidente es enviar un mensaje a “la mafia en el poder” de ruptura con el Status Quo. Diciendo que las cosas no se seguirán haciendo de la misma manera.

Sin embargo, el mensaje que termina enviando el próximo gobierno es muy distinto.

Envía un mensaje de inestabilidad institucional. Nos dice que sus decisiones no se tomarán dentro de la ley. Nos dice que México no es un país en el que sea confiable invertir. Peor aún, nos dice que frente a las disyuntivas que enfrentará como gobierno, eludirá la responsabilidad del cargo y la traspasará (diluyéndola en apariencia) a esa figura indefinible que es “el pueblo”.

A nuestro país le costó trabajo, sudor, y sangre cimentar los pilares de su sistema democrático e institucional. Uno de los principios detrás del mismo es que se elige a una persona a un cargo público para que sirva a los intereses del país. Se le vota porque se confía en la manera en que tomará las decisiones en beneficio de la mayoría (o se desconfía de sus contrincantes). Se le vota porque trabajará en un marco institucional (nuestras leyes y constitución política) para ejecutar los proyectos y políticas públicas que a su parecer, y de su gobierno, el país necesita.

Podemos verlo con todo el cinismo y desconfianza que queramos. Podemos haber votado por otro proyecto, pero eso no cambia el mandato democrático del ganador. Y no es una postura producto de la ingenuidad. Una vez que eres elegido para un puesto público, ya no eres un líder de la oposición. Deberás asumir como gobernante y como tal, tomar las decisiones, dentro de la ley, para beneficio de la nación.

Eludir esa responsabilidad y regresar el peso de las decisiones a la turba es una salida facilona. “¿Tomaron la decisión errónea? No fui yo… fueron ustedes. Se les consultó.”

Más aún. El espacio de la transición entre gobiernos no es el lugar para ejecutar las políticas públicas. No es el tiempo ni el momento para sacudir los cimientos institucionales o impulsar las transformaciones de fondo.

No sorprende que se haya levantado un amparo frente a la “consulta” o la “decisión” anunciada en la conferencia de prensa del lunes. Lo que debemos preguntarnos es qué pretende ganar el futuro gobierno de López Obrador adelantándose a anunciar decisiones que ahora mismo no le compete tomar y que sólo provocan inestabilidad económica.

No nos confundamos. No estoy debatiendo las ventajas de un aeropuerto sobre el otro. Ni el absurdo derroche presupuestal que significa cancelar una obra que ya está ejecutada al 30% con una ocurrencia que ni siquiera soluciona el problema inicial de transporte que necesita la ciudad y el país. Mi argumento es que no era el tiempo, ni el espacio, ni la forma para tomar una decisión así.

No es bueno ni para el país, ni para la estabilidad económica, ni para inspirar confianza interna o externa a la inversión. No es bueno para el futuro gobierno que se mete en un brete antes de que empiece a correr su mandato. No es bueno para nuestras instituciones democráticas la aparición de ese tipo de consultas chapuceras y forzadas que no convencen ni a propios ni a extraños. No es bueno para AMLO que deslegitimiza su triunfo incuestionable de hace unos meses con un ejercicio apresurado de simulación política.

¿Qué mensaje busca enviar el futuro gobierno? Si es una revancha con alguno de los inversionistas del AICM o una señal de impaciencia y reflejo de un ego monumental que tiene que volver realidad cada ocurrencia a la de ya. No sabemos si el futuro presidente o el grupo que lo respalda tienen algo que ganar provocando inestabilidad económica antes de asumir el poder; o peor, si estamos siendo testigos de una preocupante ineptitud para leer la realidad política y económica del país y sus repercusiones en el ámbito internacional.

No nos engañemos con el falso debate. No se trata de contrastar las propuestas del AICM y Santa Lucía. No se trata de listar razones ecológicas, económicas, ambientales o logísticas a favor de uno u otro proyecto. Esa decisión, bien o mala, ya la tomó el gobierno actual después de años de análisis, estudios y discusiones. Lo mínimo que podíamos esperar del futuro gobierno es que, una vez asumido el cargo, revisara a fondo el proyecto antes de manifestarse al respecto.

Twitter @rgarciamainou

Ricardo García Mainou

Escritor

Las horas perdidas

Estudió Ciencias de la Comunicación con especialidad en Radio y Televisión Educativa en la Universidad de las Américas Puebla.

Ha escrito, editado, traducido y diseñado para diversas publicaciones literarias, periodísticas y especializadas: locales y nacionales (Libros de México, Revuelta, De viaje, Cinéfila, La masacre de Cholula, etc.).