Cuando el viernes leía que una de las alternativas para obtener recursos adicionales para el presupuesto de este año era un único y súbito aumento en el precio de las gasolinas supuse que era o una broma, un comentario mal intencionado o una nota mal informada.

Si algo aprendieron a hacer los funcionarios de Hacienda fue a incrementar los precios de los energéticos sin que tuvieran impacto inflacionario. Por lo tanto, sonaba absurdo que regresaran a las viejas prácticas: anunciar un aumento fuerte que provoca aglomeraciones en las gasolineras, especulación y aumentos inmediatos de precios.

Además, ¿cómo imaginar que la nueva administración de Hacienda pensara en una alternativa tan arriesgada cuando muchos de los funcionarios que habían implementado estos aumentos mensuales se habían quedado en puestos clave?

El propio Miguel Messmacher, actual subsecretario de Ingresos, despachaba el mes pasado como titular de la Unidad de Planeación Económica de la propia Secretaría de Hacienda. Así que algo sabía de cómo implementar cambios efectivos con impactos negativos mínimos.

Es obvio que hay una enorme prudencia política por parte de Hacienda con el tema de los precios de las gasolinas, porque así como se especula de mala fe de un solo incremento a las gasolinas, así también con una buena dosis de mala leche se han acreditados estos aumentos necesarios como gasolinazos.

Desafortunadamente para la causa de muchos rubros del gasto social que encontrarían en esos recursos destinados al subsidio de los energéticos una fuente adicional de recursos, se ha acreditado socialmente el término gasolinazo como un daño desde el poder fiscal hacia los pobres automovilistas.

Somos un país donde queremos que se haga la voluntad tributaria en los bueyes de mi compadre . Y, como la presión mediática es un asunto urbano y de clases medias, entonces, hay poca sensibilidad a la urgencia de alimentar programas de alcance más rural y de los sectores de menos ingresos.

Son muchos los que recriminan a los gobiernos las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es unánime la voz de condena a que la mitad de la población del país enfrente alguna condición de pobreza. Pero son más los que consideran que sería una arbitrariedad que el gobierno federal utilizara para esos fines los 200,000 millones de pesos que destina como subsidio a las gasolinas.

No es gratuito que seamos el basurero de los autos más contaminantes y de mayor consumo de combustibles de Estados Unidos. La inundación de autos usados, en malas condiciones mecánicas y con motores poco eficientes se debe en gran parte a la corrupción y falta de autoridad en la Federación, estados y municipios. Y también influye el bajo costo de las gasolinas. Pero están también los 40,000 millones de subsidio al gas Licuado de Petróleo o los 125,000 millones de pesos que se destinan para subsidiar las tarifas eléctricas.

La falta de competencia, la tolerancia a la corrupción, la falta de cumplimiento de las normas de seguridad de las gaseras (veamos, simplemente, los tanques portátiles que usan) son parte de la misma distorsión que lleva a tener precios subsidiados.

No se trata de acabar con todos los subsidios de un plumazo, aunque resulte atractivo para atenuar la pobreza de una manera contundente. Si se hiciera así, habría que dar credibilidad a esas portadas malintencionadas que adelantan aumentos fuertes y sorpresivos en las gasolinas.

Pero está claro que, entre la reforma hacendaria prometida y la reforma energética ofrecida, debe haber un capítulo de modernización y competencia en la distribución de los combustibles que permitan corregir esa aberración de subsidiar a los más ricos.

Es indispensable que los aumentos mensuales en los precios de las gasolinas del próximo año sean más fuertes. Para equilibrar en poco tiempo los precios con su costo real.

Abrir la distribución al menudeo de los energéticos podría ser una realidad a la vuelta de unos años y esa competencia también ayudaría a mejorar mucho los precios.

Por lo pronto, para cumplir con el presupuesto del 2013, era indispensable, al menos mantener el desliz como estaba. Con la reasignación de gastos propuesta, se logran los objetivos de gasto del gobierno entrante en lo que llega la cirugía mayor propuesta en la reforma hacendaria.

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