El gobierno de AMLO se plantea como ejecutor de una transformación histórica. Durante estos meses el gobierno electo se ha desenvuelto en un tumultuoso caudal de decisiones que abarcan desde el orden fiscal y de seguridad, hasta el de política social, aeronáutica, energía e infraestructura, pasando por la reorganización y relocalización geográfica de la administración pública. Todo ello, en el contexto de un esfuerzo inédito de recortes presupuestales, severos castigos a las remuneraciones de funcionarios, y austeridad en el gasto público, sólo comparables con los programas más draconianos impuestos por el Fondo Monetario Internacional.

Acometer esa transformación colosal con posibilidades de éxito tendría como prerrequisito insoslayable una administración pública de competencia y eficacia extraordinarias, guiada por fuertes incentivos alineados con la trascendencia y complejidad de sus tareas. Requiere certeza en el desempeño de los cargos públicos, meritocracia y selección de los mejores, remuneraciones atractivas y competitivas de acuerdo con las condiciones del mercado, condiciones de trabajo óptimas en términos de accesibilidad y coordinación intergubernamental, métodos administrativos modernos, tecnologías de vanguardia, oficinas inteligentes, desincentivos poderosos a la corrupción, agilidad y flexibilidad en decisiones, y cierto grado de descentralización y autonomía en el ejercicio de presupuestos.

Sin embargo, las nuevas circunstancias para la administración pública apuntan a todo lo contrario. La reducción drástica en los salarios será un poderoso acicate para abandonar el gobierno, y un factor que minimizará la probabilidad de reclutar a los mejores, especialmente en posiciones que requieren una sofisticada competencia técnica y amplia experiencia profesional. Lo anterior, además de la cancelación de seguros médicos que representan una prestación esencial para las familias, así como de bonos y otro tipo de premios por desempeño antes otorgados por superiores jerárquicos. En paralelo, la obligación de trabajar los sábados dislocará la vida familiar. Las consecuencias se han dejado sentir de inmediato con la renuncia de legiones de altos funcionarios del Banco de México, banca de desarrollo, comisiones, entidades reguladoras, y Bolsa de Valores. Significa la destrucción de un valioso capital humano acumulado durante muchos años y que ha garantizado la buena marcha de instituciones estratégicas para el país.

Por su parte, el despido de un alto porcentaje del personal de confianza dejará en la inanición técnica, administrativa y profesional a las entidades de gobierno. Es el personal de confianza, quien ocupa las posiciones de responsabilidad, y en última instancia, permite su funcionamiento. El personal de base sólo lleva a cabo tareas de apoyo, con sueldos ínfimos, y en horarios y procesos laborales limitados. Generalmente, además, complementa sus ingresos con otros empleos o actividades económicas.

El desalojo de la Ciudad de México y dispersión de la administración pública por todo el territorio nacional va a representar una verdadera implosión en su funcionalidad. Implica aislamiento, dificultades de desplazamiento, inaccesibilidad a procedimientos de coordinación, imposibilidad o gran dificultad de interacciones personales, ruptura en la integridad institucional, y costos muy onerosos de traslado, renta o compra de inmuebles, adaptación y habilitación. Significa la ruptura de familias, y una sobrecarga a los ingresos de funcionarios y trabajadores. No tendrá efecto alguno en el desarrollo económico de ciudades de provincia, y sí causará trastornos urbanos y económicos graves en la Ciudad de México.

La anunciada cancelación de compras de equipo de cómputo, por otro lado, va a impedir la dotación y actualización de los medios de trabajo más eficientes, mientras que la venta o liquidación de aeronaves será un fuerte obstáculo para que altos funcionarios puedan desplazarse de manera inmediata y eficiente entre diferentes destinos geográficos (que no cuenten con vuelos comerciales), así como planear y supervisar obras y proyectos de infraestructura.

Por último, la concentración de oficialías mayores, compras y contratos en la SHCP para todo el gobierno federal será una gigantesco lastre administrativo, al tiempo que la eliminación de delegaciones de las secretarías en los estados concentrará y multiplicará la carga burocrática en las oficinas centrales (donde quiera que se ubiquen), a pesar de los nuevos superdelegados o procónsules del presidente en cada entidad federativa.

Todo esto se contrapone a los planes de AMLO, a menos que se pretenda subcontratar y hacer un outsourcing o terciarización masivos de las tareas de gobierno a través de contratos con empresas privadas.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.