Un elemento fundamental para el funcionamiento correcto del mercado es la confianza y que el gobierno monitoree a las empresas que funcionan con las que operan en el mismo, para que actúen de conformidad de manera ética del mercado.

Lamentablemente no es el caso para muchas empresas que operan como Pradiant y DCI, así como otras que operan en establecimientos como el World Trade Center de la Ciudad de México, que se venden como resolutorias de deuda y que otorgan créditos en condiciones preferenciales a los deudores. La experiencia es muy negativa, pues estas empresas se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de muchos deudores, que acuden con esa promesa para poder pagar sus deudas y estas empresas les prometen repetidamente el depósito pronto y les van dando largas y largas mientras piden cada vez (hasta 150,000 pesos) a los solicitantes con la excusa de que son para análisis de crédito y para acreditar la capacidad de pago, cuando uno lo hace por encontrarse, repito, en condiciones de vulnerabilidad, por lo que pagan lo que les piden a la espera del depósito del mencionado crédito, que nunca llega. O sea, el infierno para los deudores, quienes sólo ven aumentar su deuda sin posibilidad de pagarla.

Además, empresas como Pradiant y DCI te prometen mandar e-mails que nunca llegan ni depósitos que no vendrán ni después del juicio final. Esto es realmente un crimen económico organizado, pues son una serie de red de empresas que cambian para que uno no les pueda exigir responsabilidad en las diferentes partes del proceso y los contratos que obligan firmar a los deudores —sin darles tiempo para ver el contenido, que cuando lo ven se dan cuenta de que han sido objeto de estafa—, pues en tales contratos la empresa no cumple ninguna obligación y te hace asumir todas las obligaciones, cuando por tratarse de cláusulas leoninas e inequitativas se puede pedir su nulidad ante la Profeco.

En términos jurídicos, además, se podría alegar lesión (aprovechamiento de la notoria necesidad de las personas), denuncia penal por crimen organizado, así como demanda ante la Profeco para exigir incumplimiento de contrato, pues te hacen firmar la primera mensualidad y así aparece en los contratos y recibos correspondientes, lo cual perfecciona el contrato de mutuo que uno busca con extrema necesidad.

Ojalá que el gobierno —la Profeco o la Condusef— siguiera más de cerca a estas instituciones, pues el efecto final es aumentar los costos de transacción para hacer negocios en México, rompiendo de manera espeluznante el Estado de Derecho, lo que entre otras cosas ocasiona que los inversionistas lo piensen más de una vez antes de invertir en el país. Es triste que después de la estafa y de los muchos comentarios contra Pradiant y semejantes, las autoridades se queden de brazos cruzados.

Ojalá advertencias como las de este artículo prendan el semáforo rojo de nuestras autoridades financieras para evitar que se estafen a los ya de por sí propios deudores —quienes tienen una posición vulnerable— y permitan el enriquecimiento de máquinas de hacer dinero a costa de los deudores para que el Estado de Derecho prevalezca en nuestro país. A ver si al gobierno de López Obrador se le prende la mecha y opera contra ellas, Pradiant en primer lugar.

*Máster y doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.