El pasado 8 de marzo, en que se conmemoró la lucha de las mujeres trabajadoras por sus derechos laborales, diversos candidatos, representantes de partidos políticos y funcionarios se pronunciaron a favor de la igualdad y contra la violencia de género. Palabras al viento en gran medida, pues no basta con prometer igualdad: si las prácticas no cambian o si la agenda partidista excluye implícita o explícitamente algunos de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad real se desvanece en el aire.

Plantear, por ejemplo, que el PAN ha impulsado acciones para garantizar “los derechos, libertades, nivel de vida, representación política y oportunidades laborales de las mujeres”, como declaró Ricardo Anaya, es al menos cuestionable cuando un gobierno panista aprobó una reforma laboral que, bajo el argumento de la flexibilización, empuja a mujeres y jóvenes a aceptar trabajos precarios; o cuando en un estado gobernado por el PAN como Guanajuato, la violencia feminicida ha aumentado, y las mujeres son discriminadas y reciben salarios inferiores a los de los hombres; o cuando en ese mismo estado y otros 16 más, el PAN ha impulsado reformas constitucionales para “proteger la vida desde la concepción”, que atentan contra el derecho a decidir libremente la maternidad; y, como en la mayoría del país, no se respeta la NOM-046 que garantiza el derecho al aborto legal en casos de violación.

Algo similar sucede con las declaraciones de representantes del PRI, que anunciaron un “protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política por razones de género”. En principio cualquier adopción de la norma, ya aprobada por el Tribunal Electoral y el INE, es bienvenida.

La duda surge, sin embargo, cuando se observan las prácticas de ese partido y de los gobiernos encabezados por sus integrantes.

La violencia política no sucede sólo en las campañas; se da a diario en la administración federal y en las estatales (sin que el PRI tenga en éstas la exclusiva). Es violencia política excluir a las mujeres de los más altos cargos de la administración federal: contar con sólo cinco gobernadoras en el largo historial de gobiernos priístas es deplorable; invisibilizar el trabajo de las mujeres como se hace en muchos sectores gubernamentales es una práctica discriminatoria; ejercer o encubrir el acoso es una forma de violencia contra todo el personal, que afecta sobre todo a las mujeres.

Mantener horarios laborales extensos e ineficientes, que impiden la conciliación entre vida laboral y vida personal, no es “violencia política” pero sí una violación cotidiana de los derechos laborales y del derecho a la igualdad.

Comprometerse con la igualdad, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, sin hablar de derechos de las mujeres tampoco es convincente. Igualdad no es sólo gabinete paritario o mejores condiciones laborales, aunque ambos sean imprescindibles.

Los derechos humanos son universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, e indivisibles, y progresivos. Por ello, es contradictorio garantizar la igualdad, en abstracto, y sugerir que los derechos sexuales y reproductivos (o los derechos de la diversidad) se pueden someter a referéndum.

En la Ciudad de México, esos derechos se ganaron después del gobierno de AMLO, quien obstaculizó su aprobación. Así, la actual alianza de Morena con el PES, no puede sino aumentar la desconfianza acerca del respeto, en la práctica, de su (posible) gobierno hacia todas las libertades de las mujeres, y de la población LGBTTII.

La igualdad de género implica igualdad de oportunidades y de trato, no sólo igualdad formal o paridad por cuota. Se da en la práctica. Por ello, no hacen falta más leyes ni promesas. Urge que los candidatos especifiquen cómo se van a cambiar las prácticas discriminatorias y violentas, cómo se va a educar para la igualdad, cómo se van a diseñar y evaluar las políticas públicas de género, cómo se va a prevenir y sancionar la violencia y la discriminación en las instituciones, los partidos y la sociedad. Y luego exigiremos hechos.

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).