Conforme a la convocatoria formulada por Juan Manuel Jiménez Illescas, este mediodía debería ocurrir la designación del nuevo magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Ningún escenario apuntaba a que este proceso electivo se resolviera en la primera ronda de votación: la sala superior de este organismo cuenta con 13 asientos, pero uno está vacante y el actual presidente está impedido de buscar la reelección, pues su cargo concluye el año próximo. Y entre los 11 elegibles, seis habrían manifestado su interés en esa posición.

Hace tres años, el voto entre los magistrados estaba igualmente pulverizado. En primera instancia, Guillermo Domínguez Belloc había conseguido cinco votos y cuando esperaba que sus compañeros se sumaran a su candidatura, en la segunda ronda, la mayoría respaldó a Jiménez Illescas, a quien cobijó un cabildeo urdido en Los Pinos por el ahora senador panista Roberto Gil Zuarth.

No obstante ese fracaso de acuerdo a funcionarios enterados de este proceso Domínguez Belloc buscaría nuevamente la presidencia del Tribunal Fiscal y junto con Alfredo Salgado Loyo representaría a una facción del nuevo régimen, identificada con el líder de la mayoría priísta en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones.

Enfrente estarían Nora Elizabeth Urby Genel, Alejandro Sánchez Hernández, Manuel Luciano Havillis y Rafael Anzures Uribe, quien contaría con el respaldo del actual magistrado presidente y además afrontó una de las más rudas campañas de desprestigio observadas dentro del sistema judicial en las épocas recientes.

Desde que Jiménez Illescas emitió la convocatoria para elegir a su sucesor el pasado 12 de diciembre comenzó el fuego amigo dentro del Tribunal Fiscal. La primera víctima de los ataques fue Urby Genel, identificada inicialmente como la aspirante más fuerte, quien tuvo que soportar que se ventilara públicamente su divorcio.

Ante las señales de que intenta forjarse una mayoría para encumbrar a Anzures Uribe, las baterías han enfilado contra un bloque que toscamente se identifica con el panismo a raíz de la presencia de los abogados Rafael Estrada Sámano, Víctor Martín Orduña y Juan Ángel Chávez dentro de ese organismo autónomo. Los dos primeros, de indudable trayectoria partidista, habrían formado una triada de juristas con una ideología muy definida, en caso de que el nombramiento del ex Consejero Jurídico de Los Pinos, Juan de Dios Castro Lozano, hubiera sido aprobado por el Senado de la República.

En realidad, la pugna en el Tribunal Fiscal comenzó entonces (en octubre del 2012), pues la mayoría priísta en el Senado de la República no ratificó esa propuesta formulada por el entonces Presidente Felipe Calderón y tampoco permitió el arribo del también ex Diputado panista Rocendo González Patiño al Tribunal Superior Agrario. Pero ésa es otra historia.

Recientemente ha quedado al descubierto información sobre el redireccionamiento de un juicio donde Petróleos Mexicanos es una de las partes, el cual habría sido tomado por la ponencia del magistrado Anzures Uribe, cuando el sistema aleatorio para la asignación de los casos lo había asignado a Orduña. La confusión en el turno se materializó en una sesión pública de la segunda sala, cuando el magistrado desplazado exigió el diferimiento del caso para ser tratado en sesión privada y el magistrado presidente tuvo que ordenar a su secretaria de acuerdos, Thelma Semíramis Calva García, que lo regresara. También fue visible que el promovente del caso era el ex Diputado federal Mario Alberto Becerra Pocoroba.

De no haber intervenido el magistrado Orduña se hubiera consumado el delito de prevaricación por parte de Anzures Uribe y beneficiado el ex Diputado panista, en un asunto de muchos millones de pesos en detrimento de la administración pública federal , trascendió.

Al margen de las disputas internas en el seno de la sala superior, dentro del Tribunal Fiscal está por concluir el proceso de nombramiento y renovación en las salas regionales. Entre ellos, 10 magistrados fueron sometidos a evaluaciones debido a que fenecía el periodo para el que fueron nombrados y estaba en duda su ratificación.

Y finalmente está pendiente el nombramiento del magistrado número 13 de Sala Superior, detenido no obstante que ya se han entrevistado a cinco magistrados de salas regionales que aspiran a ocupar esa vacante desde hace tres años. Pendiente de resolver está un amparo interpuesto por Castro Lozano. Pero ésa es otra historia

EFECTOS SECUNDARIOS

APUNTADOS. A partir de lo publicado en este espacio hace dos semanas ( El secretario del año , 18/12/2012) hubo referencias puntuales sobre el eje transversal del secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, que recorre mandos medios y superiores de la administración pública federal. Cercanos al canciller también serían: Pola Strauss, vocera de SHCP; el director de Financiera Rural, Carlos Treviño Medina; Salvador Alonso y Caloca, director de tecnologías en la Cancillería; Ignacio Vázquez, ex Secretario particular, hoy su oficial mayor, Nicolás Kubli, oficial mayor de SEP; Guillermo Bernal; Luis Miguel Montaño, nuevo vocal de IPAB y ex Oficial mayor de Hacienda; Tuffic Miguel Ortega, ex Director del SAE y actual director de finanzas en IMSS, y Sergio Hidalgo, ex Director del ISSSTE, quien a principios de la actual administración pudo haber llegado a Aduanas, pero su pleito con Miguel Ángel Yunes impidió su permanencia en el servicio público. En otros ámbitos del gobierno federal, por el contrario, están disgustados con el Canciller. Pero no por su protagonismo, sino por la influencia que ha ganado en Los Pinos.