El Senado debate un dictamen sobre mariguana. No se trata del uso medicinal, ése ya se aprobó hace tres años, a pesar de que la Cofepris aún no emite un reglamento para su producción y distribución, lo que hace que el país pierda la oportunidad de desarrollar una industria de medicamentos, remedios, cosméticos y paliativo para el dolor que ahora nosotros importamos. El debate actual, del uso de la mariguana para fines lúdicos, viene de la exigencia de la Corte de hacerlo, ya que ha emitido jurisprudencias para permitir el consumo y el autocultivo. El debate nos muestra que hemos avanzado poco en el asunto de la política de drogas.

En realidad, el problema es la cantidad de portación tolerada, toda vez que hace que, en la vía de los hechos, la sola posesión sea criminalizada; según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del Inegi, en el 2015 se reportaron 50,083 investigaciones por delitos de drogas, 65% de las cuales fue por posesión simple. Otras investigaciones señalan que alrededor de 100,000 personas son presentadas al Ministerio Público al año por posesión simple. La regulación de cannabis tendrá un enorme efecto benéfico, entre otros aspectos, el de liberar de trabajo a policías, ministerios públicos y jueces para que destinen esos recursos a combatir y sancionar delitos que de verdad afectan a la sociedad.

Es por eso que es necesario tolerar la posesión hasta por 28 gramos, una onza, lo que corresponde al estándar de varios países para distinguir una cantidad que se va a destinar para consumir, de la que se tiene para vender. Una persona no va a consumir 28 gramos en un día, pero es la cantidad que regularmente se adquiere para provisión durante un periodo razonable. Lo anterior es equiparado, por ejemplo, a la venta de alcohol, en un contexto en donde sólo estuviera permitido comprar una cerveza, en lugar de un six pack.

Algunos legisladores indican que no van a votar el dictamen que busca regular el cannabis en favor de la salud de los jóvenes. La verdad es que el mayor riesgo en el que incurre una persona que consume mariguana es el contacto con organizaciones criminales, que hoy son las encargadas de distribuir el producto. El otro riesgo es que en realidad lo que adquiera no sea solamente cannabis, sino que se haya mezclado el producto para obtener mayores ganancias. Ambas cosas se pueden resolver por medio de un sistema controlado de producción, distribución y compra en el que se regule la calidad, la potencia, la periodicidad y los procesos de venta de cannabis, y en el que se evite la venta a menores de edad y se informe de los riesgos de su consumo y, para los adultos, de las alternativas para reducir daños. Se trata de una sustancia menos adictiva que otras, incluyendo al alcohol; sin embargo, la probabilidad de desarrollar una adicción se incrementa de manera importante con los jóvenes. Además, la venta legal evitaría que un consumidor comprara con un dealer que le ofrece toda una canasta de drogas.

Otro argumento es que la regulación de mariguana no sería la panacea en términos de reducción de la violencia en el país. Sin duda no sería la única solución, pero ayudaría significativamente, ya que se trata de la droga ilegal más comerciada y consumida, lo que quitaría al crimen organizado un negocio muy rentable, que involucra en la ilegalidad a miles de personas. De acuerdo con el censo del Inegi antes citado, 32% de las personas detenidas por delitos de drogas en México enfrentan casos relacionados sólo con mariguana. En este contexto, es necesario modificar el dictamen que hoy se discute en el Senado para eliminar los requisitos de trazabilidad de las semillas, y otros que impedirían que campesinos que hoy siembran cannabis. Toda vez que la regulación del consumo, sin duda, debe ir acompañada de una serie de políticas encaminadas a potencializar la economía del país, esto incluye a los pequeños productores de la hierba, para que puedan sembrar y comercializar de manera supervisada y legal.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.