Si uno analiza el conjunto de obligaciones asimétricas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha impuesto a América Móvil, Telmex y Telcel (AEPT) podría concluir que es una regulación muy sólida que habría de fomentar la competencia y evitar la realización de prácticas monopólicas. Vaya, que en el papel está muy bien. La desagregación de la red local, la equivalencia de insumos, la replicabilidad de tarifas y la obligación de no discriminar a sus competidores frente a sus propios servicios minoristas son medidas de libro de texto y coherentes con las mejores prácticas internacionales. Entonces ¿por qué no han tenido efecto en la realidad? ¿Por qué el sector se está reconcentrando en beneficio del AEPT? ¿Por qué después de siete años de regulación de preponderancia estamos de vuelta en el punto de partida?

Como el propio IFT ha señalado, la desagregación de la red local no llega ni al 0.015% de los accesos posibles. Esto demuestra que algo, en la práctica, no está funcionando. En primer lugar, están los precios autorizados al AEPT: en ciertas modalidades de servicios mayoristas los precios a los competidores son superiores a los precios a los que vende Telmex sus servicios a ciertas categorías de usuarios finales, por lo que no hay replicabilidad de tarifas. En compras de gobierno, Telmex y Telcel ofrecen al sector público condiciones que no pueden ser replicables por los competidores con los servicios mayoristas del AEPT, por lo que no hay equivalencia de insumos. Empezamos así a visualizar el problema: la regulación es buena pero los precios y los insumos no se pueden replicar o no son equivalentes.

Para corregir algunas de estas fallas, en 2017 el IFT ordenó la separación funcional del Telmex en dos divisiones con personalidad jurídica y operativa, independientes entre sí: llamémosles unidad mayorista y unidad minorista. Una vez más, la medida es correcta y acorde con las mejores prácticas internacionales. No obstante, en su implementación, el IFT le quitó toda eficacia operativa: la unidad mayorista es subsidiaria de la unidad minorista, de tal manera que pueden jugar con los precios de ambas para ganar en una y perder en la otra y, al final, el resultado neto para el AEPT queda igual. No así para la competencia. Del mismo modo, el IFT permitió que fueran los empleados de la unidad minorista los que trabajaran para la mayorista, con lo que mantuvieron el incentivo de beneficiar a la primera en perjuicio de los competidores. En todo el mundo lo que se busca es que la empresa mayorista vea como clientes tanto a la unidad minorista del preponderante como a sus competidores y les dé exactamente el mismo trato. Eso no pasa en el caso del AEPT, quién abiertamente otorga un trato preferente a Telmex minorista frente al que otorga a los competidores, particularmente por lo que hace a la disponibilidad de insumos esenciales y tiempos de contratación y entrega.

Otro error garrafal del IFT fue permitir que Telmex no transfiriera todos los servicios mayoristas a las empresas creadas como consecuencia de la separación funcional. Así, permitió que algunos servicios mayoristas esenciales para la competencia fueran proporcionados por la propia Telmex minorista, que evidentemente tiene incentivos para no prestar los servicios, retrasarlos o inventarse supuestos problemas técnicos.

En la práctica, Telmex discrimina a sus competidores en favor de sus servicios minoristas ante la total ausencia del IFT en la supervisión de su propia regulación asimétrica. Así, uno es el mundo del papel y otro, muy diferente, el de la realidad. La solución a estas distorsiones ha sido ya propuesta por todos los competidores, y consiste en eliminar las contradicciones en la separación funcional, pero, sobre todo, en supervisar el cumplimiento de la regulación de preponderancia por parte del AEPT y sancionarlo de manera ejemplar ante cualquier incumplimiento. Así tendría el incentivo para cumplir y dejar de discriminar a los competidores. Eso sí, el IFT tendría que empezar a trabajar en una verdadera y efectiva supervisión, que, hasta hoy, se ha negado a realizar.

@gsoriag

Gerardo Soria

Presidente del IDET

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Abogado especialista en sectores regulados. Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Doctorando en letras modernas en la UIA.

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