“Si los hombres fueran ángeles –decía James Madison en El Federalista–, el gobierno sería innecesario. Si los ángeles gobernaran, tampoco habría necesidad de controles internos o externos sobre el gobierno”. Pero nuestros políticos son seres humanes de carne y hueso, sujetos a las tentaciones del poder. Por ello, la Constitución mexicana incorpora en su diseño la lógica de “frenos y contrapesos”, que busca evitar la concentración del poder.

La Cámara de Diputados, el órgano legislativo que renovaremos en las elecciones del próximo domingo, está diseñado como un control sobre la autoridad presidencial. Tiene un poder de veto sobre cambios legislativos y constitucionales, así como la atribución de aprobar el presupuesto anual de la federación. Entre sus facultades se encuentra también nombrar a los consejeros del INE.

Actualmente, la Cámara de Diputados está controlada por una mayoría comandada por el partido del presidente de la República. Además, Morena y sus aliados (PES, PT y PVEM) controlan los votos suficientes (334 de 500) para aprobar cambios a la Constitución. Por ello, en San Lázaro, donde está la sede de la Cámara de Diputados, la palabra del presidente López Obrador es la ley.

Este 6 de junio, los votantes tendremos la oportunidad de cambiar el equilibrio de poderes o mantener el statu quo que ha prevalecido durante los últimos dos años y medio. La pregunta que tenemos por delante tiene que ver con el rumbo político del país.

Morena y sus aliados ofrecen poner la autoridad constitucional de la Cámara de Diputados al servicio del presidente López Obrador. La oposición, representada por la alianza PAN, PRI y PRD, así como Movimiento Ciudadano, plantean someter al poder presidencial a un control independiente; detenerlo u obligarlo a modificar sus propuestas, cuando estas excedan los límites de la Constitución o vayan en contra de una definición incluyente del interés general.

Incluso los críticos de López Obrador tenemos que reconocer sus virtudes. Sin la perseverancia que mostró a lo largo de dos décadas, su movimiento nunca habría llegado a donde se encuentra ahora. Los colaboradores del presidente lo describen como un hombre austero y trabajador, con una preocupación genuina por los pobres.

Sin embargo, el político tabasqueño tiene también sus vicios y defectos. Difícil olvidar al líder opositor impulsivo y temerario, que después de mandar al diablo a las instituciones ordenó la toma del Paseo de la Reforma en 2006. Ahora, instalado en la presidencia de la República ha salido a relucir su carácter faccioso y sus fuertes tendencias autocráticas. Lo hemos visto reflejado en el desprecio por los derechos de minorías, el desdén por la Constitución y la ley, la incapacidad para reconocer el valor de puntos de vista distintos al suyo y una sed insaciable de poder.

Desde luego, no podemos contar con Morena y sus aliados para moderar los excesos y detener los abusos del poder presidencial. El bloque oficialista ha convertido a San Lázaro en mera cámara de resonancia del presidente López Obrador. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, ejerce su papel como “perro de presa” del inquilino de Palacio Nacional. Las influencias moderadoras al interior de la 4T han desaparecido, si alguna vez existieron.

Hay un punto a partir del cual la concentración del poder se vuelve incompatible con la continuidad de un sistema democrático. México se ha venido acercando peligrosamente a ese umbral a lo largo de los últimos dos años y medio. Pero el 6 de junio, el electorado tiene la oportunidad de poner un alto.

Necesitamos una oposición más fuerte en la Cámara de Diputados, con la capacidad de frenar el abuso y moderar el exceso, pero también con la disposición a colaborar con el presidente López Obrador cuando la causa y las circunstancias lo ameriten. Para lograrlo, este 6 de junio sólo hay dos opciones, dependiendo del distrito, el municipio o el estado: la alianza opositora formada por PAN, PRI y PRD o Movimiento Ciudadano.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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