La respuesta lógica a esta reflexión es que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) perdió a un gran Procurador, aunque realmente lo que ahora está perdido para esa institución es la posibilidad de la institucionalización.

Alfredo Castillo Cervantes es un buen ejemplo de cómo se suple la falta de fortaleza de las instituciones con carisma y confianza.

Este hombre de total confianza para el círculo cerrado de Enrique Peña Nieto está convertido en un efectivo comodín que aprende y ejecuta rápido las asignaciones que confían. Lo vimos desde su llegada a la Procuraduría del Estado de México y su controvertida pero efectiva resolución del caso Paulette.

De la misma forma controvertida pero efectiva se encargó de las investigaciones tras las explosiones en el complejo corporativo de Pemex hace casi un año.

Tras los escándalos de Lady Profeco, que le costaron la chamba a Humberto Benítez Treviño, Alfredo Castillo fue nombrado titular de la Profeco. Con esto alimentaba su fama como el apagafuegos favorito del presidente Peña.

Ahora que tras apenas ocho meses de ocupar el cargo deja la Profeco para ir a gobernar de facto Michoacán, vale la pena preguntar qué ganó o qué perdió esa oficina pública responsable de cuidar los intereses de los consumidores.

La realidad es que la Profeco tuvo un súperpolicía de precios al servicio de los consumidores. Se hizo notar desde el principio con acciones espectaculares que tocaron a sectores tradicionalmente intocables en esta economía, pero no parece haber dejado las bases de una institución que pueda sostener sus acciones más allá del carismático Castillo.

Y no es problema del nuevo titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, es un problema de institucionalidad.

De hecho, si este personaje tiene que irse a despachar a Morelia para gobernar de facto Michoacán es porque las instituciones no dan para destituir al inepto gobernador Fausto Vallejo, entonces hay que generar estos puestos eufemísticos para rescatar la Tierra Caliente.

La Profeco enfrenta ahora la interrogante de quién será su próximo titular, qué capacidades tendrá, cuáles serán sus prioridades. Hay una Ley Federal del Consumidor, pero Castillo nos mostró que ésta se aplica en la medida que un Procurador quiera.

Al Servicio de Administración Tributaria le pasa lo mismo, hoy que tiene un titular más activo se hace notar el trabajo inquisitivo del organismo cobrador de impuestos, así sea sólo con un segmento de los contribuyentes cautivos.

Sobran los ejemplos de muchas dependencias públicas que hacen o dejan de hacer muchas cosas en función de quien las encabece.

La Profeco ha sido de todo: un cementerio de innombrables elefantes de la política, premio de consolación y relleno administrativo. Con buenos y malos titulares. Pero sin estándares que nos den certeza a los consumidores sobre el imperio de muchas empresas privadas que hacen lo que quieren con los consumidores.

Lo que pierde la Profeco es lo que de hecho tiene extraviado el país completo: la posibilidad de que sean las instituciones las que marquen las tareas, no el estilo personal de los sujetos que las encabezan.

La institucionalización, el Estado de Derecho, las leyes, cuando son claras, estandarizan, obligan a cumplir con las mismas tareas, no se notan los cambios de administradores y permiten un desarrollo sostenido.