El acceso a los alimentos es indispensable para llevar una vida activa y sana. La incierta disponibilidad de comestibles o la capacidad limitada para su adquisición generan inseguridad alimentaria; las causas de esta son, por el lado de la demanda, el crecimiento de la población, la urbanización que genera cambios en los patrones de consumo y en la distribución de alimentos y las condiciones macroeconómicas

Por el lado de la oferta, los límites al uso de los factores de la producción, baja eficiencia, agotamiento de recursos naturales y efectos del cambio climático, entre otros.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) estima que en el 2050 la población mundial será de 9,100 millones de personas y que, para alimentarla, la producción de comestibles tendrá que aumentar 60% respecto de la registrada en el periodo 2005-07.

Los desafíos de la seguridad alimentaria y sus causas multifactoriales son reconocidos tanto por las agencias internacionales de desarrollo (FAO, OCDE, CEPAL, entre otras) como por los gobiernos nacionales.

En ese contexto el acceso a los alimentos para la población nacional, en general, y para los grupos menos favorecidos, en particular, son desafíos que motivan la continuidad de las políticas públicas aplicables, en aras de lograr la seguridad alimentaria en el país.

A nivel internacional y nacional existe el consenso de que para apoyar el acceso físico y económico a los alimentos se tiene que conjugar una amplia gama de políticas sociales, sectoriales y territoriales, con énfasis en la coordinación institucional.

Para apoyar el acceso económico a los alimentos de los grupos menos favorecidos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2017 se identifican cinco programas sociales relevantes: Abasto Rural, Abasto Social de Leche, Compra de Leche Nacional, Comedores Comunitarios y Apoyo a los Alimentos de PROSPERA.

Dichos programas tienen recursos por 53,000 millones de pesos (mdp), cifra superior al presupuesto asignado en lo individual a 12 secretarías del gobierno federal entre las que se encuentran Semarnat, Semar, Sedatu, Cultura, Economía, Energía, Relaciones Exteriores, Turismo, Función Pública, entre otras.

Además, para incentivar una mayor oferta y disponibilidad de alimentos, en el PEF 2017 se identifican siete programas sectoriales relevantes: Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural, Apoyos a la Comercialización, Fomento a la Productividad Pesquera, Fomento a la Agricultura, Fomento Ganadero, Productividad y Competitividad Agroalimentaria y Apoyos a Pequeños Productores. En su conjunto, tienen recursos asignados por 47,000 millones de pesos.

FIRA, como parte de la banca de desarrollo que coordina la SHCP, contribuye a impulsar una mayor oferta y disponibilidad de alimentos mediante la promoción de la inversión en el sector agroalimentario con dos enfoques: Apoyo a la Producción Comercial, a través de servicios financieros y tecnológicos, y Fomento a Sectores Prioritarios, con la instrumentación de una estrategia que consiste en vincular el crédito con los programas gubernamentales.

En la segunda parte del artículo hablaré de manera más específica sobre la implementación de dicha estrategia, sus logros en el 2016 y continuidad para el 2017.

*Ramiro Campos Meraz es especialista en la Subdirección de Programas y Proyectos, la opinión aquí expresada es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.

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