El próximo gobierno tendrá en asuntos ambientales un ámbito muy variado y complejo de desafíos políticos y de política pública que van a marcar su desempeño y su relación con poderes locales, sociedad, opinión pública, e incluso instancias internacionales. En la entrega anterior señalé lo que puede preverse en los temas de áreas naturales protegidas, cambio climático, ciudades, y mares. Terminemos ahora con los temas de agua, aplicación de la ley, y evaluación de impacto ambiental de proyectos de infraestructura.

En agua, la iniciativa presentada por el senador Martí Batres recientemente ha generado una gran inquietud y preocupación. Ello, porque atisba al talante político e ideológico que asumirá el nuevo gobierno en este tema. El senador Batres propone prohibir todo tipo de contratos y concesiones de aguas nacionales, lo que generaría una gran incertidumbre y enormes trastornos a organismos operadores, empresas, agricultores y usuarios urbanos y, desde luego, fuertes conflictos políticos y desconfianza adicional a la que ya se observa. El nuevo gobierno debe desechar esta iniciativa y más bien, plantear una nueva Ley General de Aguas pendiente desde hace tiempo, que aborde los problemas existentes de manera eficaz. Por ejemplo, hacer operativo el Derecho Humano al Agua (de acuerdo al Artículo 4 Constitucional) en términos de calidad del servicio público, suministro y tarifas; fortalecer y modernizar el Régimen de Adjudicación de los Recursos Hídricos para generar certidumbre y eficiencia; reservas de agua y abastecimiento a ecosistemas; regulación de Organismos Operadores; inspección y vigilancia; y, adaptación al cambio climático, entre otros.

La inspección y vigilancia ambiental es instrumento crucial de política, por tanto, es preciso fortalecer a la Profepa, a la Guardia Costera y a la Gendarmería Ambiental, retomando la iniciativa de modificación del Procedimiento Administrativo que quedó archivada en la anterior legislatura. Los códigos y procedimientos administrativos correspondientes de inspección, vigilancia y aplicación de la ley son obsoletos. Prioridades en regiones y sectores económicos han cambiado, así como los instrumentos posibles de evidencia y prueba de violaciones a la ley. La industria manufacturera productora de bienes comercializables internacionalmente ha dejado de ser foco mayor de impactos ambientales y por tanto de atención institucional de la Profepa. Ahora, los esfuerzos deben concentrarse en recursos naturales, Áreas Naturales Protegidas, mares y costas, Zona Federal Marítimo Terrestre, bosques y vida silvestre, y cambio climático, donde las necesidades y condiciones de inspección, vigilancia, testimonio, prueba, y aplicación de la ley son muy distintas. También el escenario es diferente; no se trata de parques industriales y ciudades, sino de un medio rural remoto, y marino y costero. Por último, el próximo gobierno tendrá que lidiar con complejos procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental en los grandes proyectos de infraestructura que ha propuesto, que incluso podrían hacerlos inviables o bien alargar mucho más allá de lo esperado los tiempos previos a la construcción. De acuerdo a la ley, ni el Tren Maya, ni la refinería en Dos Bocas, ni un aeropuerto civil en Santa Lucía podrán iniciar si no cuentan con una resolución favorable en materia de Impacto Ambiental. Ello tiene como precondición la elaboración de una Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional, así como una consulta pública y consulta indígena legales, al igual que Estudios Técnico Justificativos de Cambio de Uso del Suelo Forestal. A su vez, estos elementos requieren forzosamente de los planes maestros y proyectos ejecutivos correspondientes, al igual que la liberación de derechos de vía, expropiaciones o compras de tierras. Todo lo anterior implica una secuencia larga que puede llevarse entre dos y tres años, incluyendo o adicionando los lapsos requeridos para las licitaciones que exige la legislación. Esto, independientemente de los litigios jurídicos que seguramente van a surgir de la interposición de recursos administrativos y de amparo, por parte de comunidades y de organizaciones de la sociedad civil.

Las complicaciones van a ser amplificadas por los recortes de presupuestos, personal de confianza y de salarios en la Semarnat, así como por su desalojo a la Ciudad de Mérida, y por la concentración abrumadora de recursos institucionales que representará el inédito y colosal Plan de Abandono de Obra en el sitio del Aeropuerto en Texcoco.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.