Es conocido el camino insostenible del proceso de desarrollo urbano en México, al igual que el fuerte impacto que tiene en la competitividad y calidad de vida en las ciudades. Se ha asumido en el discurso y en al análisis que la expansión horizontal de las ciudades, el abandono y despoblamiento de zonas centrales, la dispersión y las bajas densidades son consecuencia de decisiones, omisiones e incapacidades en los gobiernos federal, estatales y municipales. Y que éstas, además, son causa de profundas perversiones en el uso del territorio, en la accesibilidad y movilidad urbanas, en el uso de la energía, en la provisión de infraestructura y servicios públicos, en la vida cívica y familiar, en la seguridad, en la emisión de gases de efecto invernadero, y en la productividad de la economía. Igualmente, se asume que la política de vivienda es un factor crucial en la configuración de las ciudades.

En mucho menor medida se reconoce -aunque no es menos cierto- que el proceso de urbanización en México debe acelerarse como precondición para reducir la pobreza y la desigualdad, y para mitigar presiones hacia la deforestación y la destrucción del capital natural (apurando la transición forestal). O bien, que de manera práctica el derecho a la ciudad precede a casi todos los demás derechos sociales (educación, trabajo, recreación, salud y vivienda). Tampoco es ampliamente compartida, a pesar de la obviedad de los hechos, la opinión de que el caos territorial del país y la ausencia de políticas urbanas racionales y eficaces se relacionan con nuestro candoroso federalismo, que le concede en exclusiva a los municipios todas las facultades en materia de desarrollo urbano y regulación de los usos del suelo; municipios, por cierto, en su gran mayoría, ineptos y corruptos.

La OCDE sabe todo esto que hemos apuntado innumerables veces desde hace algunos años, y lo refrenda en su publicación México, Transformando la Política Urbana y el Financiamiento a la Vivienda, presentada apenas esta semana en el Infonavit, quien también es coautor, (¿qué no la Sedatu es la cabeza del sector?). En cualquier caso, el estudio retoma todo lo ya conocido y plantea algunas estrategias, también ya conocidas. Reitera la necesidad de redesarrollar espacios urbanos subutilizados o desocupados; vincular la planeación urbana con el transporte; resolver el problema de la vivienda abandonada; desarrollar la vivienda en renta, y mejorar la capacidad institucional. Se sugiere para ello adecuar la regulación urbana (autorizaciones expeditas, cambio en parámetros de densidad y niveles de las edificaciones); ensamblar predios para constituir polígonos de actuación; establecer zonas verdes periféricas que limiten la expansión urbana; crear sistemas de coordinación entre la Sedatu y Banobras para integrar políticas urbanas y de financiamiento a infraestructura y equipamiento de transporte; asignar consecuentemente el Fondo Metropolitano; crear un banco de tierra; modificar el cobro del impuesto predial para basarlo en el valor del terreno con el fin de evitar especulación y subutilización; hacer cambios legales y regulatorios para impulsar la vivienda en renta; profesionalizar administraciones municipales e institutos de planeación; desarrollar de catastros; promover la reelección o ampliación de períodos de gobierno municipal, y diseñar y aplicar políticas eficaces de gestión metropolitana.

Ya lo sabíamos. Lo que no sabemos, ni saben ellos, ni sabe nadie, es cómo hacer todo lo anterior y quién lo haría; es decir, el gobierno federal carece de capacidades jurídicas, institucionales, técnicas y financieras de promoción y desarrollo de proyectos urbanos, y de los instrumentos de política necesarios. Carece de atributos directivos y de conducción, y de mecanismos eficaces de coordinación y de concurrencia e inducción hacia los gobiernos locales. ¿Cómo y quién? Eso es lo que deben decirnos la OCDE ¿y el Infonavit?