Es conocido el camino insostenible del proceso de desarrollo urbano en México, al igual que el fuerte impacto que tiene en la competitividad y calidad de vida en las ciudades. Se ha asumido en el discurso y en al análisis que la expansión horizontal de las ciudades, el abandono y despoblamiento de zonas centrales, la dispersión y las bajas densidades son consecuencia de decisiones, omisiones e incapacidades en los gobiernos federal, estatales y municipales. Y que estas, además, son causa de profundas perversiones en el uso del territorio, en la accesibilidad y movilidad urbanas, en el uso de la energía, en la provisión de infraestructura y servicios públicos, en la vida cívica y familiar, en la seguridad, en la emisión de gases de efecto invernadero, y en la productividad de la economía. Igualmente, se asume que la política de vivienda es un factor crucial en la configuración de las ciudades.

En mucho menor medida se reconoce – aunque no es menos cierto – que el proceso de urbanización en México debe acelerarse como precondición para reducir la pobreza y la desigualdad, y para mitigar presiones hacia la deforestación y la destrucción del capital natural (apurando la Transición Forestal). O bien, que de manera práctica el derecho a la ciudad precede a casi todos los demás derechos sociales (educación, trabajo, recreación, salud, vivienda).

Tampoco es ampliamente compartida, a pesar de la obviedad de los hechos, la opinión de que el caos territorial del país y la ausencia de políticas urbanas racionales y eficaces se relacionan con nuestro candoroso federalismo, que le concede en exclusiva a los municipios todas las facultades en materia de desarrollo urbano y regulación de los usos del suelo; municipios por cierto, en su gran mayoría, ineptos y corruptos.

La OCDE sabe todo esto que hemos apuntado innumerables veces desde hace algunos años, y lo refrenda en su publicación México, Transformando la Política Urbana y el Financiamiento a la Vivienda presentada apenas esta semana en el INFONAVIT, que también es co-autor (¿Qué no la SEDATU es la cabeza del sector?). En cualquier caso, el estudio retoma todo lo ya conocido y plantea algunas estrategias, también ya conocidas. Reitera la necesidad de re-desarrollar espacios urbanos sub-utilizados o desocupados; vincular la planeación urbana con el transporte; resolver el problema de la vivienda abandonada; desarrollar la vivienda en renta; y, mejorar la capacidad institucional.

Se sugiere para ello adecuar la regulación urbana (autorizaciones expeditas, cambio en parámetros de densidad y niveles de las edificaciones), ensamblar predios para constituir polígonos de actuación, establecer zonas verdes periféricas que limiten la expansión urbana, crear sistemas de coordinación entre SEDATU y BANOBRAS para integrar políticas urbanas y de financiamiento a infraestructura y equipamiento de transporte, asignar consecuentemente el Fondo Metropolitano, crear un banco de tierra, modificar el cobro del impuesto predial para basarlo en el valor del terreno con el fin de evitar especulación y sub-utilización, hacer cambios legales y regulatorios para impulsar la vivienda en renta, profesionalizar administraciones municipales e institutos de planeación, desarrollar de catastros, promover la reelección o ampliación de períodos de gobierno municipal, y diseñar y aplicar políticas eficaces de gestión metropolitana.

Ya lo sabíamos. Lo que no sabemos, ni saben ellos, ni sabe nadie, es cómo hacer todo lo anterior y quién lo haría. Es decir, el gobierno federal carece de capacidades jurídicas, institucionales, técnicas y financieras de promoción y desarrollo de proyectos urbanos, y de los instrumentos de política necesarios. Carece de atributos directivos y de conducción, y de mecanismos eficaces de coordinación y de concurrencia e inducción hacia los gobiernos locales. ¿Cómo y quién? Eso es lo que deben decirnos la OCDE ¿y el INFONAVIT?

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