Hace algunos días, la Comisión Federal de Competencia (CFC) nos sorprendió con la más cuantiosa de las multas impuestas jamás: 12,000 millones de pesos a Telcel por supuestas prácticas monopólicas relacionadas con las tarifas de interconexión que cobra al resto de los operadores.

Aparentemente, el asunto es que en algunos paquetes de servicios Telcel ofrece a sus usuarios tarifas inferiores a las que cobra por la terminación de llamadas al resto de los operadores. Suena mal, sin duda, pero cabe hacer algunas precisiones: estas tarifas se ofrecen exclusivamente a llamadas de Telcel a Telcel (llamadas on net), sólo a ciertos números previamente elegidos por los usuarios o en paquetes a clientes corporativos que contratan un mínimo de líneas celulares con Telcel. Es decir, no es una práctica que aplique a la mayoría de los usuarios y está sumamente condicionada.

Dos datos adicionales no menos relevantes: todos los competidores de Telcel la realizan y, en realidad, Telcel inició esta práctica siguiendo las ofertas y promociones efectuadas por sus competidores. Es cierto, no obstante, que el efecto de esta práctica para los competidores de Telcel puede ser significativo dada la altísima participación de mercado de esta última. También es cierto que la presunta dominancia de Telcel aún no es cosa juzgada.

Este desorden obedece a la falta de una política pública consistente en materia de interconexión. El tema de fondo es el siguiente: los precios de terminación de llamadas en líneas móviles en México son altos porque éstas no le cuestan a los receptores de las mismas, quienes además tienen acceso a equipos terminales de alta calidad a un costo inferior a su precio normal. Este diseño fue alguna vez política pública. Hoy los que supervisan las políticas en la materia parecen haberlo olvidado y hablan de forma por demás superficial y demagógica.

La política de subsidio a los receptores de llamadas ha tenido tal éxito que en un país con 112 millones de habitantes hay alrededor de 80 millones de teléfonos celulares, la gran mayoría de bajo consumo. Muchos de los titulares de líneas celulares en el país jamás hubieran tenido acceso a ellas si se les cobrara el costo total de los equipos y el costo total de la terminación de llamadas. Hoy es fácil ver a obreros, albañiles, plomeros y hasta vendedores ambulantes con un teléfono celular. Hoy ellos están conectados con cualquiera que quiera estar en contacto con ellos. Sin esta política este logro jamás se hubiera conseguido.

La gran pregunta para las autoridades, incluso la CFC, es ¿queremos seguir creando posibilidades de acceso aun a costa de servicios de terminación de llamadas caros o queremos servicios de terminación baratos incluso a costa de una disminución drástica en las posibilidades de acceso? Hoy las tarifas de interconexión ayudan a subsidiar la oferta de equipos terminales a bajo costo. Si las tarifas de interconexión bajan a los niveles propuestos por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), los equipos terminales se ofrecerán a un precio muy superior y el acceso se restringirá. Señores, ¿qué requiere este país? ¿Lo han pensado siquiera?

No pretendo defender una tarifa en particular. Es probable que las tarifas sean altas, incluso tomando en cuenta el subsidio a la terminación de llamadas y equipos celulares, pero esto debe ser analizado minuciosamente por la Cofetel mediante un modelo de costos consistente, en el que se razone cada una de sus variables.

En los próximos días, la Suprema Corte resolverá sobre la posibilidad de que los jueces de distrito otorguen la suspensión en amparos relacionados con las tarifas de interconexión. Sin duda éstas son de orden público e interés social y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda que las decisiones de la Cofetel en materia de interconexión no sean suspendidas mientras duran los procesos. Pero también es cierto que las autoridades administrativas no son de lo más pulcras en la aplicación de la ley y sus resoluciones no siempre son producto de una política pública racional y constante. Veremos qué es lo que resuelve nuestro máximo tribunal.

El autor es Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, catedrático de la Universidad Iberoamericana y Consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Las opiniones vertidas en el presente artículo se emiten a título personal y no representan la postura de las instituciones antes indicadas.