El reto energético de mayor trascendencia para el nuevo gobierno no es el petróleo ni la refinación. Es el sector eléctrico; que va a dirimir por el resto del siglo las posibilidades de desarrollo del país (junto con el gas natural para uso de la industria). Más aún, si se toma en cuenta el vertiginoso advenimiento de los autos eléctricos, que hacia final de la próxima década dominarán el parque vehicular. En los años siguientes México deberá consolidar la institucionalidad derivada de la reforma energética y tomar de manera firme el camino de la transición hacia energías limpias y renovables, asumiendo plenamente la lucha contra el calentamiento global en cumplimiento del Acuerdo de París.

En este contexto, es fundamental que el nuevo gobierno se tome muy en serio la energía solar fotovoltaica como pilar en la Transición Energética, que también puede ser solución al grave problema financiero y fiscal que representan los subsidios eléctricos en las tarifas domésticas. Los subsidios rondan anualmente los 100,000 millones de pesos, mismos que pagamos todos los contribuyentes (incluyendo la condonación de adeudos para consumidores en “resistencia civil”). Esto puede lograrse a través de un programa de instalación de techos solares fotovoltaicos en millones de casas habitación financiado con los actuales subsidios y con un esquema de Bono Solar donde participe la banca privada. La inversión se amortizaría a través del recibo de luz y en pocos años, al abatirse el consumo de electricidad proveniente de la red, prácticamente desaparecería la necesidad del subsidio.

El crecimiento de la energía solar y eólica, con un cada vez menor costo de inversión y costo marginal cero —dada la gratuidad del insumo energético primario— y ante la interconexión al sistema eléctrico del todo el territorio nacional, sacará de competencia a las fuentes convencionales de generación como es el caso de las centrales de gas de ciclo combinado. No obstante, CFE tendrá que pagarles de todas formas, compensarlas o romper los contratos de largo plazo que las amparan.

En paralelo, el nuevo gobierno debe llevar a cabo un número significativo de grandes proyectos de generación eléctrica firme o de base, y con emisiones cero de gases de efecto invernadero, como soporte para el desarrollo a gran escala de las energías renovables —que son intermitentes— como la solar y eólica. Ello implica la construcción de algunas grandes centrales hidroeléctricas en Nayarit, Oaxaca, Guerrero, y Chiapas, con las medidas de mitigación ambiental requeridas como lo son baipases y descargas de fondo para permitir el paso de sedimentos hacia la costa. También, conlleva reconsiderar la energía nuclear, reconstruyendo capacidades técnicas creadas durante el desarrollo de la planta de Laguna Verde —hoy en extinción— y adoptando mecanismos creativos de financiamiento y garantía. Además, claro, de aprovechar las nuevas opciones tecnológicas disponibles en el mundo.

Sin embargo, es preciso reconocer que la construcción de centrales hidroeléctricas, al igual que grandes plantas eólicas en el Istmo de Tehuantepec, enfrentará intrincados y tóxicos problemas políticos dado que significan un uso extensivo del territorio en el escenario de propiedades colectivas (ejidales y comunales) y de poblaciones indígenas, de suyo reactivas y conflictivas. Los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, así como de Impacto Social, al igual que las consultas indígenas serán espinosos canales  de pugna y controversia política y jurídica.

Por último, el nuevo gobierno deberá asegurar que verdaderos expertos (bien pagados) gestionen la compleja arquitectura del sector eléctrico (Cenace y CFE), y promover que la Comisión Reguladora de Energía transparente sus mecanismos de determinación de precios de la electricidad en cada uno de los nodos  del territorio nacional, con el objetivo de ofrecer certidumbre y predictibilidad.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.