México se incorporó tardíamente a la política de competencia, pues a pesar de que la prohibición constitucional a los monopolios existe desde 1857, no fue sino hasta 1993 que se tuvo un marco jurídico reglamentario, que dio lugar a la creación de una Comisión encargada de su aplicación.

Desde entonces se tuvieron varias reformas, siendo las principales en el 2006, el 2011 y el 2013. Esta última conllevó una reforma constitucional sin precedentes, que asignó a la política de competencia un rol principal como promotora de la mejora de la eficiencia y la competitividad.

La reforma del 2013, que llevó a la creación de dos órganos autónomos encargados de la aplicación de las disposiciones en la materia y a la promulgación de una nueva ley reglamentaria en el 2014, se distingue por adoptar las mejores prácticas recomendadas a nivel internacional, tanto en lo procedimental como en la parte analítica. El diseño institucional es innovador y único. Se tiene un sistema de selección de los comisionados de los órganos autónomos,que pasa por la aplicación de evaluaciones rigurosas, la evaluación de trayectorias y la ratificación senatorial.

Otro aspecto relevante es la creación de tribunales especializados, que son los únicos que tienen facultades para revisar las determinaciones de la Cofece y del IFT. Esto permitirá lograr una mayor especialización en áreas en las que se requiere destreza técnica para entender y aplicar conceptos y modelos económicos complejos. De manera destacada, fueron eliminados mecanismos legales que entorpecían la conclusión de procedimientos, que eran interrumpidos de manera repetida debido a un abuso de los medios de defensa intraprocesales. Todo ello, en un entorno que privilegia la adopción de un enfoque favorable al interés general, por encima del interés individual. Creo que es pronto para tener claridad acerca del impacto económico de la reforma. Los procedimientos en materia de competencia son largos y tortuosos, en todo el mundo. En las jurisdicciones líderes, como los Estados Unidos o la Unión Europea, no es extraño encontrar casos relevantes cuya conclusión ha tomado más de siete años. En este contexto, aún no transcurre el tiempo suficiente para determinar si las diversas modificaciones al marco legal están dando los resultados esperados.

Hay algunos datos alentadores. Por ejemplo, la Cofece ha impuesto sanciones ejemplares, por más de 4.5 miles de millones de pesos en los últimos cuatro años. En materia de telecomunicaciones, ha habido una disminución de precios notable en la mayor parte de los servicios. Sin embargo, queda pendiente demostrar la madurez del sistema de investigaciones y, sobre todo, utilizar de manera exitosa las figuras novedosas en la ley, esto es, la regulación del acceso a insumos esenciales y la eliminación de barreras a la competencia, de naturaleza regulatoria y estructural.

Durante 20 años, una de las quejas frecuentes fue que el sistema no tenía “dientes”, para sancionar las conductas indebidas. Mi opinión es que ahora contamos con un sistema que cuenta con las herramientas y sanciones necesarias para penalizar las conductas y modificar el comportamiento de los agentes económicos. Lo que deberá demostrarse es que los órganos autónomos están preparados para aplicar la ley y defender de manera exitosa sus resoluciones.

Creo que sería un error emprender una reforma sustantiva del sistema. Evidentemente, siempre hay oportunidades de mejora. Sin embargo, tenemos un diseño institucional razonablemente sólido y congruente. Digo esto porque creo que debemos evitar las tentaciones recurrentes que se dan en este país, y que llevan a modificar instituciones y leyes que no han sido debidamente valorados. El perfil técnico y personal del posible equipo económico indica que la competencia económica será una prioridad del nuevo gobierno. Creo que antes de realizar modificaciones sustantivas deberán presentarse las evaluaciones correspondientes y tomar decisiones con base en criterios técnicos, que estén alineados de manera efectiva con la búsqueda de un mayor bienestar de la sociedad.

*Consultor en competencia económica y regulación y profesor universitario.

Javier Núñez Melgoza

Consultor

Competencia y Mercados

Consultor en Competencia Económica y Regulación, además es profesor universitario.