Preguntando a jóvenes en diferentes zonas del país sobre sus mayores preocupaciones, una de las respuestas más contundentes es: vivir en paz.

Queremos un país seguro en el que exista certidumbre para poder hacer lo que deseamos y lograr la propia felicidad. Ante esta realidad y conscientes de lo que se requiere para que así suceda, un grupo de organizaciones de la sociedad civil (Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad) nos unimos para exigir a legisladores y gobernadores que la transformación de las policías sea prioridad en la agenda de los próximos meses.

Necesitamos con urgencia que los cuerpos policiacos sean más eficientes y confiables bajo el modelo que más convenga. Para recuperar la confianza, no sólo se requiere una policía más cercana a los ciudadanos sino eliminar los incentivos que motivan la colaboración de cuerpos policiacos con actos delictivos como el secuestro, la extorsión, el homicidio y el narcotráfico. Muchas veces, policías municipales y estatales intervienen en estos actos, directamente, como miembros de las mismas organizaciones criminales o, indirectamente, brindándoles protección.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Acreditación y Control de Confianza, existe un avance de 79% en la acreditación de los centros de Evaluación y Control de Confianza a nivel nacional. Sin embargo y a pesar de la crisis policiaca y el contexto de violencia en el que vivimos, la reforma policial no ha sido prioridad para las autoridades estatales y municipales.

Ante la debilidad institucional de los cuerpos policiacos, no podemos ni debemos actuar bajo la premisa de que se ha tratado de hechos aislados de corrupción que se solucionarán sancionando a uno o más policías únicamente. Para depurarse y ser confiables, las políticas anticorrupción deben implementarse sobre la corporación en su conjunto.

A los gobernadores de los 31 estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, les pedimos demostrar voluntad política para implementar el modelo de policía eficiente y confiable, así como para instrumentar el mando único y fortalecer a aquellos municipios que, por sus condiciones económicas y sociales, no puedan contar con cuerpos policiacos confiables.

A partir de este primer llamado, las organizaciones de la sociedad civil buscaremos un diálogo con las juntas de coordinación política de ambas cámaras del Congreso así como con el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

armando.regil@eleconomista.mx

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