El Poder Legislativo sigue siendo la oficina de gestión de Palacio Nacional, ya que quienes integran la coalición mayoritaria actúan por instrucciones y no conforme al verdadero interés de nuestros representados. Por eso hoy, el equilibrio de poderes de nuestra república, tan necesario para que no haya concentración de atribuciones y abusos por parte de la autoridad, dependen más que nunca de nuestro Poder Judicial; tal y cómo lo hizo la semana pasada, al detener el atropello que representa la Ley Combustóleo, una reforma que busca monopolizar nuevamente el servicio de generación de energía, atenta contra la libre competencia y nos arrebata el derecho a un medio ambiente sano.

El mercado de generación de energía eléctrica está completamente liberalizado, así lo reconocen los artículos 25 y 28 de nuestra Constitución; pero esta reforma que propuso el presidente va en sentido contrario. Afortunadamente, el Juez Segundo de Distrito especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió una suspensión definitiva a esta Ley, paralizándola de forma indefinida a favor de todos los mexicanos.

Los dimes y diretes desde Palacio Nacional no se han hecho esperar; el paisano presidente descalificó a los jueces, se fue en contra de las empresas mexicanas diciendo que ni Bimbo ni Femsa pagan luz, cuando justamente éstas interpusieron el amparo porque 70% de su energía proviene de fuentes renovables mismas que quedaban descartadas con esta absurda legislación. Eso sí, inmediatamente OXXO liberó un comunicado revelando que pagan aproximadamente 14,000 pesos mensuales por sucursal, entonces ¿cuál es la necesidad de que en la mañanera den datos mentirosos a los mexicanos?

La trama continúa desde una escandalosa carta para que se investigue la legalidad de esta suspensión hasta acusaciones de corrupción en contra de los jueces federales especializados; tristemente los golpes del Ejecutivo no han cesado. El presidente está determinado a que esta reforma pase, sin importar cuales sean las consecuencias. Ya lo dijo, “si la reforma es inconstitucional, enviaré una iniciativa de reforma a la Constitución”; esto es una verdadera aberración, parte de un discurso autoritario que nos hace mucho daño.

Ahora, me han estado preguntando qué sigue, y trataré de explicarlo brevemente. En alguno de los dos Tribunales Colegiados de Circuito, especializados en esta materia, pueden confirmar, modificar o revocar la suspensión otorgada por los jueces de distrito. Meses después, los dos jueces especializados resolverán el fondo del asunto, seguramente concediendo el amparo, y los Tribunales Colegiados de Circuito podrán revisar esas sentencias. Aunque este proceso puede llevar varios meses podríamos adelantar que el resultado sería en el mismo sentido que el famoso acuerdo de confiabilidad que emitió la secretaria Nahle hace unos meses; en otras palabras, declarar permanentemente la inconstitucionalidad de la reforma.

Otro camino es que la Suprema Corte atraiga el caso, o que a partir del 33% de los diputados o senadores se inicie una acción de inconstitucionalidad, aunque para declarar la invalidez de la reforma con efectos generales, tendrían que votar 8 de los 11 ministros, un número que suena difícil de alcanzar si revisamos sus últimas decisiones.

Pero ojo, esto aún no acaba, aún falta un largo camino por recorrer, y en este camino quiero reiterarles que cuentan conmigo, mi más importante tarea como tu Diputada Federal es seguir defendiendo nuestra Constitución, la división de poderes y la legalidad. Ojalá y cada día seamos más.

@PerezSoraya

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.

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