Las comunicaciones, en particular el correo, han jugado un papel primordial en la historia de la humanidad. Fue a partir de la creación de los EUA, y la promulgación de su Constitución, que se dotó al servicio postal de sus características.

A finales del siglo XVIII, la nueva nación tuvo como objetivo contar con un sistema postal de comunicaciones, que cubriera la totalidad del territorio, cuyos principios operativos fueron:

La garantía de “santidad”, que impedía y penalizaba severamente la apertura o lectura de la correspondencia personal. Mucho menos estaba permitido la exhibición o entrega de la correspondencia, a personas distintas a la destinataria, o bien, a alguien no autorizado.

La garantía de privacidad, que impide al servicio postal utilizar la información de sus usuarios para propósitos ajenos a los necesarios para la prestación de los servicios.

La seguridad en la comunicación postal ha sido un tema tan serio, que en diversos territorios su violación ha sido considerada un tema grave (por ejemplo, a principios del siglo XIX, en Inglaterra había ahorcamientos por crímenes postales).

Algo pasó durante la transición de las comunicaciones en físico a los formatos digitales. La regulación de las telecomunicaciones sufrió un duro golpe, cuando las autoridades administrativas y judiciales de los EUA determinaron clasificar al Internet no como servicio de telecomunicaciones, sino como servicio de información. No sólo se desdibujó la posibilidad de aplicación de medidas regulatorias, similares a las de las empresas telefónicas (por ejemplo, en materia de neutralidad), sino que se estableció una postura de Internet libre, de particulares, en que la recolección, procesamiento y comercialización de información de los usuarios, se convirtió en tema de agentes privados.

Con base en términos de acuerdo, confusos, engorrosos y a veces ocultos, las plataformas que operan en Internet recopilan información de sus usuarios, que es utilizada, es cierto, para producir mejores productos y servicios, pero también para fines alejados del bienestar de las mayorías.

Ejemplos hay varios. Uno destacado es la investigación emprendida por la autoridad de competencia Europea, que determinó imponer una sanción histórica a Google, por el uso discriminatorio de su motor de búsqueda, en detrimento de negocios en los cuales la empresa no tiene participación. En lo personal, mantengo mis reservas respecto del rigor metodológico de la autoridad; sin embargo, resulta innegable que la preocupación de la autoridad es genuina y debe ser atendida. También hay empresas que utilizan algoritmos para fijar precios de forma dinámica, ajustándose permanentemente a condiciones de demanda, las cuales provienen de las búsquedas de los usuarios en tiempo real. De esta forma, se concreta el ideal de toda empresa, que es poder ajustar precios en términos de la demanda y apropiarse de una porción del excedente de los consumidores.

Hay también crecientes preocupaciones sobre la posibilidad, cada vez más latente, de que los actos colusivos sean realizados a través de computadoras, cuyos algoritmos son alimentados con la información que se recaba de los usuarios.

Sin embargo, el uso más pernicioso, conocido hasta ahora, fue revelado hace unos días, en que se conoció que información de más de 50 millones de usuarios de Facebook fue utilizada por una empresa privada, para crear una estrategia de bombardeo publicitario selectivo sobre votantes de dos de los procesos políticos más controversiales de los últimos años: el Brexit y la elección presidencial en los EUA.

Aunque el fundador de la plataforma ya ofreció una disculpa, el daño está hecho. El funcionamiento de las instituciones democráticas no será el mismo. Sin embargo, los operadores de las plataformas pueden estar tranquilos: parece que nadie recuerda que, algún día, el correo ofrecía santidad y privacidad. Y tampoco se ve claro que las autoridades tengan los instrumentos y la voluntad de atender el problema.

*Consultor en competencia económica y regulación y profesor universitario.