La semana pasada anuncié en este espacio la elaboración, por parte de Signals Telecom Consulting, de un abarcador proyecto de análisis comparativo de las iniciativas de conectividad que están siendo implementadas en 19 mercados de América Latina. Ya les había adelantado que el promedio de inversión para un periodo de cuatro años es de 88 dólares por habitante. Lo que no mencioné es que esta cifra es muy baja o que esta inversión es adicional a la que anualmente efectúan los operadores privados con presencia en los distintos mercados de la región.

En esta ocasión, quisiera adelantarles algunas de las conclusiones que facilitan un mayor entendimiento del rol que protagonizan los gobiernos latinoamericanos en su afán de promover la adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs):

Falta de definición de banda ancha. Con muy pocas excepciones, los gobiernos latinoamericanos no han establecido una definición oficial de lo que se debe considerar como conexión de banda ancha. Éste no es un asunto menor si se tiene en cuenta el rol de las tecnologías inalámbricas móviles en casi todos los planes de conectividad de la región. Llama la atención que muchos gobiernos consideren como correcta la definición que ofrece la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de considerar un acceso que ofrece 256 kbps de velocidad de descarga como banda ancha. Aparte de crear una confusión al momento de contabilizar líneas móviles como banda ancha, pues tecnologías como EDGE que teóricamente puede ofrecer velocidades de descarga de 384 kbps, un piso de 256 kbps no es suficiente para soportar aplicaciones avanzadas que permitan la difusión de servicios como telemedicina, teleducación o teletrabajo, contradiciendo los objetivos iniciales de todo plan de conectividad.

· La mayoría de los planes de conectividad regional se centra en dos elementos principales: despliegue de infraestructura e incremento de dispositivos permitan a las personas acceder a Internet. Es preocupante el poco énfasis que muchos gobiernos otorgan al desarrollo local de contenido y aplicaciones.

· Para reducir costos, es necesario establecer puntos de conexión de tráfico a nivel nacional y promover el hospedaje de contenidos en servidores locales. De esta manera, se abaratan los costos de proveer servicio al reducir costos de interconexión con redes extranjeras, pues se ha disminuido la dependencia de obtener contenido local ubicado en servidores localizados en Europa y Estados Unidos.

· No todos los gobiernos están acompañando sus esfuerzos de promoción de banda ancha con medidas que fomenten la demanda por estos servicios. Algunas de las medidas que estimulan la adopción de servicios de banda ancha son la eliminación de impuestos para el servicio de banda ancha en hogares de bajo poder adquisitivo y/o la eliminación de impuesto para dispositivos que puedan conectarse a Internet.

· Existe una gran carencia de información estadística confiable que sirva para cuantificar el progreso hecho por los gobiernos en sus planes de banda ancha. En algunos casos, este problema es exacerbado por la falta de un cronograma específico que defina las fechas de cumplimiento de las distintas metas contenidas en el plan de conectividad.

· Múltiples gobiernos no han definido el rol específico que jugará la industria privada en sus esfuerzos de promoción de TICs. Por ejemplo, algunos gobiernos no especifican cuáles son las iniciativas público-privadas de colaboración que se llevarán a cabo para acelerar la expansión de cobertura de banda ancha en el territorio. Tampoco se promueven esfuerzos para estimular inversión en banda ancha por medio de la implementación de medidas como licencia única o nuevos procesos de otorgación de espectro radioeléctrico. El resultado son oportunidades pérdidas para que el gobierno pueda imponer requisitos de cobertura que ayuden a solventar la deficiencia que existe en localidades rurales, áreas de interés social y edificaciones como hospitales, escuelas y edificios de entidades públicas.

· No todos los planes de conectividad de la región contemplan la entrega de computadores u otros dispositivos para los estudiantes de escuelas públicas. Gobiernos que sí han implementado esta medida parecen no comprender que la entrega de un dispositivo es simplemente el primer paso para que la persona se beneficie de las TICs. Es necesaria una mayor concientización sobre la importancia que tiene la capacitación de docentes en el uso de TICs en las escuelas como también en los telecentros que se establecen en comunidades rurales. Asimismo, los gobiernos tienen que comprender periódicamente muchos de los equipos que entregan tienen que ser remplazados y el software de las máquinas, actualizado.

Por último, me queda mencionar que todos los estudios de esta serie serán liberados por medio del portal Signals Telecom News (www.signalstelecomnews.com) durante los próximos meses.

*José F. Otero es presidente de Signals Telecom Group.

Twitter: @Jose_F_Otero