Los beneficios que ofrecen los altos niveles de adopción de servicios de telecomunicaciones han sido confirmados por estudios académicos de numerosas instituciones en el mundo. Es por esta razón que, desde el 2007, en América Latina se ha observado un renacer de los esfuerzos por parte de los gobiernos regionales para dar nueva vida a sus antiguos fondos de servicios universal. El objetivo ha sido evolucionar la visión centrada en accesibilidad a la telefonía fija para dar paso a los accesos a banda ancha.

Gracias al éxito que desde finales de la década de los 90 mostraban los servicios de telefonía móvil, los organismos gubernamentales encargados de aprobar e implementar las leyes de telecomunicaciones de sus países evolucionaron su visión para darle un mayor protagonismo a las tecnologías inalámbricas. Lo esencial era que los ciudadanos comenzaran a acceder a redes inalámbricas fijas o móviles que les permitieran suscribir inicialmente a aplicaciones básicas de datos. La justificación tras este acercamiento era dejar que el sector privado cubriese gran parte de las necesidades de conectividad de los mercados en un corto periodo.

Esta apuesta de los reguladores traía como un as debajo de la manga la necesaria evolución tecnológica que tendrían que hacer los operadores para mantenerse como innovadores en el mercado. El resultado: la misma migración tecnológica de los operadores inalámbricos (principalmente, los móviles) serviría para que cada vez un mayor números de personas tuviese la oportunidad de acceder a Internet con conexiones de altas velocidades de transmisión. Un repaso de los últimos cinco años nos muestra que en los pasados 60 meses muchos individuos pasaron de acceder a Internet por medio de su celular en redes GSM/GPRS a hacerlo por conexiones HSPA+ y, en algunos pocos mercados, LTE.

Por el lado de los servicios fijos, existe un elemento que ha servido de catalítico para que los operadores privados expandan la cobertura de sus redes de cobre, fibra óptica o CATV: la aprobación de un esquema de licencia única con cobertura nacional. Bajo este esquema, los operadores de CATV pueden penetrar nuevas áreas de concesión mientras complementan su cartera de servicios con telefonía y banda ancha, a la vez que los operadores fijos comienzan a comercializar servicios de TV paga.

No obstante, en telecomunicaciones, como en cualquier industria, el sector privado sólo ofrece servicios para aquellas personas que pueden costearlo. Es por tal razón que muchos gobiernos de América Latina han comenzado a implementar medidas para que el Estado, en algunos casos, colabore y en otros sirva como único motor para el desarrollo de infraestructura en zonas ignoradas por el sector privado. Así, el léxico latinoamericano de telecomunicaciones ahora incluye nombres como Argentina Conectada, Vive Digital o Cerrando Brechas del Conocimiento.

Es por esta misma razón que muchos expertos y conocedores del sector de telecomunicaciones de México solicitan la creación de un plan nacional de conectividad enfocado a llevar infraestructura de telecomunicaciones a aquellas localidades que en estos momentos carecen de la misma. Queda claro que la excelente labor que finalmente se observa desde e-México (se nota el gran esfuerzo de Mónica Aspe Bernal) no es suficiente para cubrir las carencias del país.

Lo sorprendente es que, ante la gran necesidad de un plan nacional de conectividad para el país, muy pocos de los que critican su ausencia se han atrevido a ofrecer una cifra de su costo. Signals Telecom Consulting ha realizado un estudio sobre las distintas iniciativas de conectividad implementadas en 19 mercados de América Latina y el Caribe para analizar los montos de inversión en estos mercados, siendo la cifra de 88 dólares por habitante el promedio regional para un plan nacional de banda ancha de aproximadamente cuatro años de duración. Brasil y Paraguay son los países que más agresivamente invierten en este tipo de iniciativas con 229 y 114 dólares por habitante respectivamente.

Como se observa, el lanzamiento de un plan nacional de banda ancha de cuatro años para México costaría, si se mantiene en el promedio latinoamericano, 9,714 millones de dólares de inversión (sea pública, privada o una combinación de ambas) sin garantizar cobertura de 100% de los hogares del país. Si pensamos en un plan hasta el 2020, entonces, la cifra sería cercana a los 17,000 millones de dólares.

Me queda esta pregunta: ¿cómo involucrará el gobierno al sector privado para que invierta en infraestructura de banda ancha en zonas rurales y evitar financiarla en su totalidad con fondos públicos?

*José F. Otero es presidente de Signals Telecom Group.

Twitter: @Jose_F_Otero