Han pasado casi tres días del asalto al Carson River en Ciudad del Carmen. Lo peor del incidente es que un barco abastecedor de suplementos off shore está atracado en el “fondeadero seguro”, delimitado y protegido por las unidades de la Quinta Zona Naval.

Entre Campeche y Tabasco se han registrado los ataques más recientes contra la flota petrolera. Una semana antes, el Isla Monserrat, de TMM, fue asaltado por piratas cerca del puerto de Dos Bocas. La operación “Refuerzo” de la Secretaría de Marina ya estaba en curso y había logrado inhibir actividades de huachicoleo de combustible en los días previos.

De acuerdo a académicos especializados en seguridad marítima y portuaria, la piratería en México ya es un problema de grandes dimensiones y puede resultar en importantes pérdidas económicas tanto para el sector público como el privado, además de la pérdida de vidas por miembros de las diversas tripulaciones.

Las acciones subversivas obedecen a una lógica criminal, pero también incide –para mal– la descoordinación de autoridades civiles y militares, fenómeno transexenal, manifiesto por la intención de Semar –detallan los especialistas– de absorber todas las tareas de puertos y marina mercante que actualmente tiene la SCT, incluyendo la educación y universidad de marina mercante. En el origen, la discordancia entre la Ley de Puertos y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que derivó en los diferendos para la constitución del CUMAR en todos los puertos mexicanos y el desarrollo y aprobación de las Evaluaciones y Planes de Protección de las Instalaciones Portuarias, ahora agravados por la intención –detenida por ahora– de militarizar las aduanas.

Para el gobierno mexicano, el problema se origina porque las navieras no cumplen con la reglamentación internacional para la protección de sus barcos y su tripulación al entrar en aguas de alto riesgo. Los expertos, por su parte, señalan que la Marina no está cumpliendo con las convenciones internacionales y sus obligaciones ante la comunidad marítima internacional, ya que de acuerdo al Código PBIP y, particularmente a la circular número MSC.1/Circ.1333 de la OMI, emitida el 26 de junio del 2009, se exige que los gobiernos hagan su reporte e informen de cada ataque a la OMI. El hecho de que no informe de los sucesos incrementa el riesgo de barcos de bandera extranjera que incluso si sufren un evento, pueden demandar a la autoridad marítima nacional por esconder o no informar del nivel de riesgo de la zona.

Un compendio de esta situación será presentado en el eForum, “Oportunidades en las Américas y el Caribe más allá de la emergencia global 2020”, cuya primera sesión se realizará el próximo miércoles 22, con sede virtual desde Chile. Este foro hemisférico cuenta con el respaldo de la Organización Marítima Internacional (IMO) y ONU Mujeres, entre otras instituciones.

La segunda sesión será el miércoles 30 y el programa incluye una ponencia que sustentarán los académicos Adriana Ávila-Zúñiga-Nordfjeld y Dimitrios Dalaklis sobre el resurgimiento de la piratería y otras actividades de organizaciones criminales trasnacionales en el Golfo de México. Esa investigación científica establece como determinantes de esos fenómenos tanto la debilidad de la gobernanza y la carencia de una política de seguridad marítima en los litorales. En esa misma jornada, Ávila-Zúñiga, Dalaklis y Máximo Mejía participarán en un panel de discusión sobre la situación de la piratería y el crimen organizado en el mar a nivel global.

Efectos secundarios

PERDIDOS. Sorprendió la solicitud de licencia tramitada por Vanessa Rubio al escaño que ocupaba en el Senado de la República, aunque ya había anticipado a los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI que dentro de dos meses acudirá a Londres, para completar un programa académico. Las versiones de que había acelerado su mudanza por el arribo de Emilio Lozoya, escapan a la verdad, pero lo más desconcertante es que esa decisión quitará un escaño a la bancada tricolor pues su suplente, Nancy de la Sierra, podría incorporarse a la bancada morenista.

CORRECCIONES. Sobre una demanda que se presentó en la FGR sobre el uso de bonos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por parte de la Cooperativa Cruz Azul, señalaron miembros de la organización en litigio que se quiere judicializar el caso sin darle derecho de defensa a Guillermo Álvarez, a quien acusan de haber operado; los inconformes señalan que de ser así se estaría ante un claro caso de corrupción, por lo que exhortan a los titulares de la FGR y la UIF a dejar rencillas atrás para atender el caso de manera correcta.

PETICIÓN. La directora general adjunta de Planeación de la Secretaría de Hacienda, María del Socorro de Paz Fuentes, se niega a pagar a Rapax por los servicios de limpieza. Los empleados de esa firma enviaron una misiva para que el titular de la dependencia los apoye, pues además de esta negativa al menos 100 trabajadores fueron despedidos, también con pretexto del decreto presidencial publicado el pasado 23 de abril, en el que se pidió a las dependencias recortar hasta en 75% el gasto corriente.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.