El periodismo independiente y crítico está en riesgo, en México y en el mundo. Basta con leer informes de Reporteros sin Fronteras o el más reciente reporte de Artículo 19 sobre la situación del derecho a la información en México para darse cuenta de que, pese a las redes sociales y la impresión de estar siempre al tanto de “todo lo que pasa”, quienes investigan y difunden sus hallazgos sobre asuntos cruciales o polémicos, o quienes se atreven a criticar el discurso o actuar oficial, corren el riesgo de recibir amenazas, agresiones o, peor, de morir o desaparecer por el solo hecho de hacer su trabajo.

En su informe anual 2018, “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva”, la organización Artículo 19 México presentó un panorama sombrío del derecho a informar y ser informados en nuestro país durante el sexenio pasado. Cubre, desde luego, las violencias que sufren los y las periodistas en este país que, sin estar en guerra, es uno de los más peligrosos para ejercer la profesión, pero se ocupa de manera muy acertada de diversos mecanismos que minan  el derecho a la información y a la libertad de expresión, aparte de la criminalización y el acallamiento de quienes informan; entre ellos: la falta de acceso a internet de 37% de la población, la ineficiencia de instituciones creadas para proteger a periodistas y/o personas defensoras de derechos humanos, la difusión de discursos que promueven la discriminación, el odio o que incitan a la violencia, y “la manipulación de la opinión pública” mediante la construcción de “verdades históricas”, la difusión de noticias falsas y el uso de bots y trolls en redes sociales para atacar a voces críticas o distraer de temas importantes.

El mayor riesgo para la libertad de expresión y el derecho a la información es el alto grado de violencia que sigue obstaculizando el libre ejercicio periodístico. En 2012-2018, 47 periodistas fueron asesinados (de ellos, tres mujeres), con lo que suman 124 desde el 2000. Esto no es todo: se dieron 2,502 agresiones diversas, de las cuales 544, sólo en el 2018, año electoral y más violento. Las consecuencias de todas estas violencias en un país con amplias zonas en conflicto y altísima impunidad afectan tanto a los y las integrantes de medios que han sufrido desaparición o desplazamiento interno o exilio temporal o indefinido, o amenazas, despidos súbitos o violencia cibernética, como a sus familias, a la comunidad y a la propia sociedad.

Es preciso insistir en que detrás de las cifras hay nombres específicos, casos de resistencia y valentía. Hay también, por otro lado, intereses, negocios, despojos, que “alguien” quiere mantener ocultos mediante la imposición del miedo y del silencio. Lo más grave aquí es que, sólo en el 2018, 42% de las agresiones las cometieron funcionarios públicos, estatales, municipales y federales, y que la impunidad de las agresiones contra los medios es de 99.1 por ciento. Quienes deben preservar y garantizar los derechos, los violan con total impunidad porque saben que el sistema no funciona.

También actúan a sabiendas de la impunidad que los cobija, quienes han construido “verdades históricas” para no esclarecer hechos criminales, como el caso Ayotzinapa o el caso Narvarte. La creación de versiones falsas pretende cerrar casos complicados con un alta carga política o que, a base de mentiras, se han convertido en trampa para autoridades ineptas o coludidas. Esto atenta contra el derecho a la verdad y, cabe añadir, agudiza la impunidad.

Artículo 19 también sugiere que en este sexenio las prácticas comunes prosiguen, pero nota, además, una tendencia creciente a manipular la opinión pública que, ahora, incluye el predominio de la voz presidencial en los medios y la descalificación constante de periodistas y medios críticos. En el clima de polarización ya acentuado por las elecciones, atacar a quienes disienten o hacen preguntas incómodas no sólo afecta a los mensajeros, amenaza nuestros derechos y libertades. Sin periodismo independiente, sin derecho a la verdad, sin pluralidad, no hay sociedad informada ni libre.

@luciamelp

LucíaMelgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).