Después de un exitoso paso por la Cámara Baja, la reforma laboral propuesta como iniciativa preferente por el presidente Felipe Calderón está en serio riesgo de atascarse en el Senado de la República.

Es claro que toda reforma es perfectible y ésta, en particular, dista de ser la panacea que traerá la bonanza económica. Sin embargo, también está claro que significa el segundo intento serio, en más de 40 años, para poner al día una legislación obsoleta que está boicoteando el desarrollo económico del país.

Más allá de los discutibles efectos económicos, lo que produce es un ambiente favorable de negocios que permitirá atraer inversiones y crear empleos. Más que dar soluciones inmediatas, nos coloca en una dinámica correcta de cambios y eso no es poca cosa.

Se aduce la defensa de la lucha sindical, como causa central, para modificar el texto aprobado por los diputados. Se piensa en corregir la opacidad y la inamovilidad de las dirigencias sindicales de maestros o electricistas.

Sin embargo, los sindicatos contemplados en la Ley Federal del Trabajo son los del sector privado, donde por lo general existen mecanismos mucho más claros de organización interna y rendición de cuentas.

Para estos trabajadores el tema de la transparencia sindical está sobredimensionado y le convienen más las modificaciones alcanzadas en materia económica. Basta ver que 67% de la ciudadanía está de acuerdo con facilitar la contratación y la terminación laboral, mientras que 43% estima necesario obligar las votaciones secretas para elegir dirigentes (encuesta nacional GEA-ISA, octubre del 2012).

Se dice también que la inclusión del tema sindical fue el dulce envenenado de Calderón al PRI. Más bien sirvió para la negociación y, así, los diputados lograron aprobar prácticamente toda la parte contractual.

Finalmente, el fracaso de la reforma sería un retroceso no sólo económico, sino político. El mecanismo de iniciativa preferente previsto en la Constitución no contempla el escenario de modificaciones por parte de la Cámara revisora. Esto significa que, de ser devuelto el texto a la Cámara de Diputados, bien podría perder ahí el carácter preferencial y quedarse congelada indefinidamente.

Ello sentaría un muy mal precedente para la agenda de reformas de la próxima administración y para el instrumento legislativo que representa un enorme avance democrático.

A la meta se llega por aproximaciones sucesivas. El primer paso está dado. No hay que perder lo más por lo menos.

[email protected]