El aumento de la cotización recaerá en el sector patronal, lo cual refleja que la negociación fue desigual. Esto va en contra del espíritu tripartita que rige al sistema de pensiones.

En relación con el anuncio la semana pasada de un acuerdo pensionario, destaco primero que quedaron desactivadas dos amenazas que se ceñían sobre el SAR y el sistema de pensiones: (A) quedó conjurada la propuesta radical de desaparecer las afores y sustituirlas por una única administradora pública; (B) se desechó modificar los beneficios del sistema de transición de ley 73. Los inconvenientes de ambas eran evidentes: estatizar al SAR y cortar beneficios ya establecidos por derecho en la ley.

Uno de los aspectos más débiles de la propuesta es que todo el aumento de la cotización recaerá en el sector patronal, lo cual refleja que la negociación fue desigual. Esto va en contra del espíritu tripartita que rige al sistema de pensiones. El sector empresarial no obtuvo nada a cambio, por ejemplo, deducciones fiscales. El aumento en la cuota incrementará los costos laborales de las empresas, sobre todo de las pymes. Ello podría fomentar el traslado laboral a la informalidad y generar desempleo formal. Asimismo, aumentar la cuota a lo largo de ocho años es inconveniente para el sistema como un todo, pues el impacto total será lento.

La reducción en el requisito de 1,250 a 750 semanas cotizadas incrementará la cobertura de acceso a una pensión. Implícitamente esta medida reconoce la transición laboral que hay entre los sectores formal e informal. Pero lo presentado sólo concierne a los afiliados al IMSS, es decir, al segmento laboral formal. Ignora a los seis de cada 10 mexicanos que están en la informalidad y que deberían tener el derecho a un mínimo de seguridad social, aunque algunos se beneficiarán de la reducción de semanas cotizadas.

Lo anunciado no constituye una reforma, son sólo acciones en la dirección correcta. Una reforma integral requeriría, entre otras: (A) creación de un sistema nacional de pensiones que integre los cuatro pilares pensionarios que hoy están fragmentados para que haya una sinergia entre ellos. (B) Reformar los sistemas de la mayoría de los estados, universidades públicas, municipios y otras entidades estatales que aún están en el sistema de beneficio definido y que son un costo elevado para las finanzas públicas. (C) Impulsar cambios a la estructura operativa y reguladora del sistema mediante la creación de un instituto autónomo único. (D) Establecer una sola pensión total que consista en el pago de una pensión vitalicia para todos los mexicanos, independientemente de su situación laboral de formales o informales, que deberá sumar los cuatro componentes de cada uno de los pilares. (E) Adoptar instrumentos y programas de ahorro voluntario innovadores que, para incentivarlos, requerirían de deducciones fiscales.

Al final, queda el sabor de que estos son, una vez más, parches que no resolverán de fondo el problema pensionario. Al no empujar una verdadera reforma integral se ha desperdiciado una oportunidad para avanzar hacia una solución duradera. Ésta se posterga una vez más. Tratando de ser optimistas, ojalá estas acciones sean secundadas, cuando menos, por los elementos complementarios mencionados.

federico@rubli.net

Federico Rubli Kaiser

Economista

Revista IMEF

Economista egresado del ITAM. Cuenta con Maestría y estudios de doctorado en teoría y política monetaria, y finanzas y comercio internacionales. Columnista de El Economista. Ha sido asesor de la Junta de Gobierno del Banxico, Director de Vinculación Institucional, Director de Relaciones Externas y Coordinador de la Oficina del Gobernador, Gerente de Relaciones Externas, Gerente de Análisis Macrofinanciero, Subgerente de Análisis Macroeconómico, Subgerente de Economía Internacional y Analista.

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