Según un estudio del Imco, las entidades federativas no cumplen con los requisitos mínimos de un marco jurídico que desarrolle la obra pública, en perjuicio de las arcas del Estado y del desarrollo económico.

De 15 entidades evaluadas, las que concentran la mayor parte del PIB nacional, la mayoría obtuvo una calificación de 50.8 en una escala de 0 a 100%, esto es, ninguna cumple con los requisitos mínimos de la calidad de las leyes que regulan la obra pública en materia de competencia, finanzas públicas, fiscalización, planeación, responsabilidad administrativa, tecnologías de la información y transparencia.

Los estados realizan obra pública con una planeación y seguimiento deficientes, lo que provoca discrepancia relevante entre lo presupuestado y lo ejercido para el rubro de infraestructura. Tan sólo en el 2016, cinco entidades excedieron su presupuesto en más de 100%, mientras que siete recortaron su gasto en más de 50 por ciento. Los criterios utilizados fueron competencia (acceso libre a los procesos de contratación, procedimientos de asignación de contratos objetivos y combate a acuerdos de colusión); finanzas públicas (autorización de recursos conforme al plan de obra pública), fiscalización (si las leyes locales exigen que los gobiernos sean sujetos locales a auditoría); planeación (el programa estatal de obra pública debe estar alineado a los planes nacional y estatal de desarrollo), así como responsabilidades administrativas (aplicación de sanciones a servidores públicos o a particulares), tecnologías de la información (sistemas informáticos y plataformas electrónicas que permitan el control y el desarrollo de los procesos de contratación y los contratos adjudicados) y la transparencia (obligaciones de publicación de información relacionada con los procedimientos de contratación y los contratos adjudicados).

De los siete ejes transversales —que no contó con el eje de participación de pymes en las compras públicas, que constituye 97% nacional—, los resultados fueron los siguientes: competencia 38%; cumplimiento y tecnologías de la información 39.7%, transparencia con 50%, responsabilidades administrativas 52.3%, finanzas públicas con 61.2% y fiscalización con 71 por ciento.

Una gran carencia es que la mayor parte de las leyes de obra pública de los estados no exigen un determinado grado de proveeduría de pymes, para que puedan tener mejor desarrollo industrial, así como la ausencia de programas para que las pymes sean proveedoras indirectas de las grandes empresas. Estas carencias no son pequeñas porque acortan el ciclo de vida de las empresas e impiden su competitividad, así como mejoras en la distribución de la riqueza, pero parece que es la apuesta de las administraciones públicas, incluyendo las estatales, de que lo grande es poderoso, aunque lo pequeño sea hermoso (Schumacher y Zaid) y de que el fomento de las microempresas son esenciales para el desarrollo del país.

Ninguno de los analizados cumple con los requisitos siguientes: a) realizar una investigación de mercado previa al concurso; b) incorporar prácticas que fomenten la competencia; c) contener excepciones razonables a la licitación; d) permitir modificaciones al contrato por sólo 10%; e) publicar la información desde la planeación a la ejecución de la norma y conservar la información por al menos ocho años.

Las buenas prácticas de algunos estados fueron: a) uso de medios alternos para la resolución de controversias; b) exigen manifestación de conflicto de interés; c) uso de medios electrónicos, que favorece la transparencia; d) la intervención de un Comité de Contraloría Social; e) exigir que los participantes aprueben evaluaciones de confianza, y f) que el marco jurídico regula los tres poderes y los organismos constitucionales autónomos.

*Máster y doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.