Pemex absorbe inmensos quebrantos por las tomas clandestinas de sus ductos, a través de las cuales bandas de delincuentes roban combustibles para venderlos en un mercado negro, donde los consumidores los adquieren a precios más bajos que los oficiales. El fenómeno es ampliamente conocido y no tiene nada de nuevo. Según informes, la empresa padece actualmente aproximadamente más de 4,000 de esas tomas clandestinas.

No se necesita ser Leonardo da Vinci para tener un poco de suspicacia y suponer que debe haber redes de complicidad entre las bandas que se dedican a cometer ese ilícito y agentes que operan desde adentro de la empresa. Sin embargo, nunca se tiene noticia de que alguna de esas bandas caiga en manos de la justicia con el pormenor de sus integrantes.

Ayer El Economista publicó un reportaje en relación con las conexiones del llamado crimen organizado con esos grupos que ordeñan los ductos de Pemex. ¿Y cuál es la novedad? Posiblemente ninguna, salvo que se confirman las razones que ya se tenían para justificar la indignación del ciudadano de a pie. Porque no se haga ilusiones, querido lector: en última instancia, quien paga esos quebrantos no es Pemex sino usted y el resto de la ciudadanía.

Se dice en el reportaje citado que los trabajadores de la paraestatal que se han detectado con vínculos con el crimen organizado -Zetas, Caballeros Templarios, Cartel de Jalisco, etcétera- son usualmente de nuevo ingreso o temporales, provienen de los estados de Veracruz y Tabasco, entregan papeles falsos para su contratación o prestan sus servicios para contratistas que no los conocen directamente.

Y nuevamente es aquí donde se justifica la indignación y hasta el coraje. ¿Y qué, una empresa tan poderosa como Pemex no tiene los medios o los procedimientos para seleccionar con eficacia a los empleados de nuevo ingreso o temporales que presentan papeles falsos para su contratación? En el mismo sentido, carece esa gran empresa de los medios para hacer una revisión eficaz del personal que presta sus servicios en las empresas que son sus contratistas.

La respuesta es claramente en la negativa. No es evidentemente falta de capacidad administrativa para llevar a cabo ambas tareas sin otras cosas distintas. ¿Cuáles?: falta de voluntad política para tomarse la molestia, falta de interés (al fin que los quebrantos no me afectan personalmente) o abierta complicidad. ¿Por cuál se inclina, lector?

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