Es un parteaguas por dos razones: ocurrió en la ciudad de México y en los primeros 100 días de una administración que se propone una reforma energética.

Quiero ser optimista: el accidente en la torre B de Petróleos Mexicanos (Pemex) marcará un antes y después en la historia de seguridad industrial de Pemex.

Pienso que las 37 personas que murieron no perdieron su vida en vano. Su muerte será el catalizador de una nueva cultura en la mayor empresa de México, donde la seguridad industrial tendrá el lugar que merece para proteger a sus trabajadores y para ofrecer garantías de seguridad a las personas que conviven de cerca con la paraestatal.

Pemex tiene un promedio de cinco accidentes graves por año en sus instalaciones. El último, antes de la explosión en la torre B, sucedió el 17 de septiembre del 2012, en un centro receptor de gas, a 19 kilómetros de Reynosa. Hubo 26 muertos y también se descartó oficialmente un posible sabotaje.

¿Por qué el accidente del jueves 31 de enero puede ser un parteaguas? Hay dos aspectos que potencian la importancia de la explosión en la torre B: ocurrió en la ciudad de México y, además, en los primeros 100 días de una administración federal que se propone impulsar una reforma energética.

El que este accidente haya ocurrido en la capital del país no es un hecho menor. En un país tan centralizado como México es muy difícil sostener la atención de los medios de comunicación y de la clase política sobre un tema que tenga como epicentro cualquier otro lugar de la República.

Las comparaciones son odiosas, sobre todo, cuando se trata de tragedias, pero basta decir que la explosión de Reynosa fue nota principal de los periódicos nacionales sólo el día posterior a los hechos, 100 horas después ya no estaba en las portadas de los rotativos. No ameritó reacciones de una constelación de políticos parecida a la que ahora se manifiesta. Fue un accidente muy grave, pero aconteció en Tamaulipas, a 700 kilómetros de la capital.

El accidente abre una enorme ventana de oportunidad al gobierno entrante y, en particular, al equipo de Emilio Lozoya. La revisión de los informes de responsabilidad social corporativa de la paraestatal dejan claro que Pemex tiene muchas tareas pendientes en rendición de cuentas a la sociedad. La empresa es exhaustiva en la presentación de su información financiera y de los resultados fiscales, pero no rinde informes sistemáticos acerca de los accidentes que protagoniza.

El presidente Peña Nieto y su equipo han enfatizado su compromiso con una reforma energética que pretende transformar la mayor empresa de México. El Mandatario y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han explicado las posibilidades que la reforma ofrece para aumentar la productividad y rentabilidad social de Pemex. Hablan de detonar la inversión privada y de generar cadenas industriales. Se refieren también a las profundas implicaciones hacendarias y financieras de dicha reforma.

Peña Nieto y Videgaray no han hablado en demasía de la posibilidad de utilizar la reforma para hacer de Pemex una empresa mucho más segura y transparente en materia de riesgos. Quiero ser optimista y pensar que el accidente en la torre B nos ha colocado en un nuevo escenario.

Tendremos que hablar de la seguridad en Pemex como de una prioridad tan alta como su salud financiera y su productividad económica. Una tragedia nos brinda la oportunidad de impulsar cambios que se habían postergado.

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