El Gobierno mexicano buscará rescindir los contratos que Pemex tiene con la brasileña Odebrecht.

En la mira hay cinco: dos corresponden a obras en la refinería de Tula, por un total de 3,200 millones de pesos; uno más está en la refinería de Salamanca, con valor de 84 millones de dólares; el cuarto es la Fase II del gasoducto Los Ramones, valorado en 935 millones de dólares, y el quinto es el suministro de etano para la planta de Etileno XXI, donde es más complicado hacer cuentas. Allí Odebrecht, asociada con IDESA, consiguió un compromiso de 20 años para suministro por parte de Pemex. El contrato de suministro tiene una cerecita: el precio del etano no es público, quedó reservado.

Estos cinco contratos se concretaron entre el 2010 y el 2014, periodo que aparece en el expediente Odebrecht como el momento en el que la empresa brasileña entregó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos. De manera peculiar, los tres contratos correspondientes a las refinerías fueron otorgados por asignación directa pero incluyen una cláusula anticorrupción. Esta implica una rescisión que se activa, en el caso de que haya violaciones a la Ley Federal Anticorrupción, al Código Penal y/o la Ley Federal de Competencia Económica. Sería interesante saber qué se necesita para activar este mecanismo de rescisión.

Será complicado el camino para rescindir los contratos de la Fase II del gasoducto Los Ramones y el correspondiente a Etileno XXI. En primer lugar porque en ellos no existe esta cláusula anticorrupción y la rescisión podría implicar indemnizaciones millonarias. Más allá de lo jurídico, se trata de proyectos estratégicos que podrían ser afectados seriamente por el escándalo. El gasoducto unirá Nuevo León con San Luis Potosí y es clave para la integración de la red de abasto de gas que está impulsando el Gobierno. En éste, Odebrecht no va solo, sino a través de un consorcio en el que participan otras dos empresas, Techint y Arendal. La planta Etileno XXI es el mayor complejo petroquímico de América Latina y, una vez que opere a plena capacidad, reducirá en 50% las importaciones mexicanas de polietileno.

En el caso de Los Ramones y Etileno XXI el reto es encontrar la manera de rescindir los contratos de Odebrecht sin poner en riesgo la supervivencia de ambos proyectos y, al mismo tiempo, sin obligar al Estado mexicano a pagar una compensación millonaria a una empresa que montó una red de corrupción que repartió 788 millones de dólares en sobornos para crecer en América Latina.

¿Pagar a Odebrecht? El escándalo no anula los derechos de esta empresa y, por ello, el gobierno mexicano deberá armar un expediente impecable. Si ustedes lectores creen que el mayor reto será encarcelar a los peces gordos que se sirvieron de Pemex, les pido que no pierdan de vista lo que pasará con los proyectos de Odebrecht. El Estado mexicano dista de tener un récord perfecto en procesos judiciales complejos. En Perú y Colombia ya empezaron a romper los contratos con Odebrecht. En Panamá, le prohibieron participar en nuevas licitaciones. México es otra cosa: podríamos encontrarnos en el futuro próximo en una situación donde esta empresa deba ser compensada por salir de nuestro país... o seguir operando en México, a pesar de sus porquerías. Todo dependerá del talento de los abogados.

lmgonzalez@eleconomista.com.mx

*Esta columna fue modificada ya que originalmente mencionaba como socio de Odebrecht a ICA Fluor, cuando lo correcto es IDESA.