Está en el campo de la incertidumbre saber si las manifestaciones estudiantiles y juveniles que se han escenificado en contra del candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto, a partir de las muestras de rechazo en la Universidad Iberoamericana el pasado viernes 18 de mayo, pueden influir de tal forma en la campaña electoral como para revertir las actuales tendencias electorales.

Lo que sí se puede decir es que desde su pifia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre de 2011, Peña Nieto no había tenido una semana tan adversa políticamente.

Hay muchos asuntos que los estudiantes, jóvenes y población en general han tomado como bandera para impugnar al abanderado tricolor, pero destaca un hecho: Atenco.

Aunque la mayoría conoce los hechos, no está de más detallarlos y ponerlos en contexto para conocer realmente la responsabilidad que Peña Nieto carga con Atenco.

Lo que ocurrió los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue uno de los episodios de represión política más grave que ha vivido en el país en la última década. Junto con la represión en contra de altermundistas y jóvenes inocentes el 28 de mayo de 2004 y el desalojo violento del centro de Oaxaca en noviembre de 2006, marcan los hechos de represión masiva más significativos del periodo de la alternancia panista en el poder federal.

En particular en Atenco, ocurrió un hecho represivo a partir de un asunto aparentemente menor. El 3 de mayo, inspectores y policías municipales del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, impidieron a vendedores de flores instalarse afuera del mercado municipal. Las comerciantes piden solidaridad de los pobladores de Atenco, agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, reconocidos por su lucha en contra del proyecto gubernamental de quedarse con sus tierras para construir el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. La llegada de los pobladores de Atenco es repelida por la policía municipal y éstos son obligados a refugiarse en una casa que sirve de bodega. La policía entra y toma 84 personas presas. La población responde bloqueando una autopista, enfrentando a la policía y reteniendo a funcionarios del Estado de México para obligar a las autoridades a liberar a sus detenidos.

El 4 de mayo se integró un operativo conjunto en el que participaron 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y 1,815 de la Agencia de Seguridad Estatal (2,515 elementos) para ocupar la población de Atenco.

El saldo represivo fue mayúsculo: Se violaron diez derechos humanos a 209 personas y se lesionó y torturó a 206 personas, al tiempo que se provocaron agresiones y violaciones sexuales en contra de 26 mujeres. Los días 3 y 4 de mayo murieron dos jóvenes, uno de ellos menor de edad: Javier Cortés Santiago, de 14 años por disparo de arma de fuego y Ollín Alexis Benhumea Hernández, de 20 años por lesionado por proyectil que contenía gas lacrimógeno.

Los datos provienen de la recomendación 38/2006, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 16 de octubre del mismo año de los sucesos.

En el documento de 1,635 cuartillas, se establece con claridad la violación a diez derechos humanos: 1) detención arbitraria; 2) trato cruel, inhumano o degradante y lesiones; 3) allanamiento de morada; 4) retención ilegal; 5) incomunicación; 6) tortura; 7) abuso sexual y violación; 8) derecho a la vida; 9) derechos de los menores; y 10) derechos a la legalidad y seguridad jurídica.

El informe de la CNDH documentó el uso ilegal de la fuerza pública en contra de los pobladores de Atenco y confirmó que 145 fueron detenidos mediante allanamiento de morada. Además se documentó la alteración de pruebas, especialmente en los casos de violaciones sexuales, e hizo declarar a los detenidos sin defensores particulares y en 51 casos sin defensores de oficio presentes.

Ante las evidencias de esta represión política, la CNDH emitió cuatro recomendaciones al entonces secretario de Seguridad del gobierno de Vicente Fox, Eduardo Medina Mora. Sin embargo, el grueso de la recomendación fue dirigida al gobernador Peña Nieto, con trece puntos que incluía el castigo a los culpables de asesinatos, torturas, violaciones y detenciones ilegales. El sentido de la recomendación de la CNDH fue claro:

documentó la responsabilidad del entonces gobernador Peña Nieto.

A pesar de ello, el abanderado priista dijo en la Ibero que asumía la responsabilidad. Sin duda dejé muy firme la determinación del gobierno de hacer respetar los derechos del Estado de México. Tomé la decisión de emplear la fuerza pública para mantener el orden y la paz ( ) los incidentes se sancionaron ( ) la acción fue en legítimo derecho de usar la fuerza pública para restablecer la paz y el orden , dijo en la Ibero.

Pero el informe de la CNDH lo desmiente:

no hubo legítimo derecho de la fuerza pública; hubo violenta represión en contra de población inerme.

No me interesa documentar la represión ocurrida en Atenco a favor de ningún candidato. Me interesa documentar el caso Atenco porque puede marcar el sentido de la relación que un eventual gobierno de Peña Nieto puede tener con los movimientos sociales, las disidencias y las luchas sociales, un sentido de intolerancia, criminalización y represión política.

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