La lealtad a las instituciones y la vocación por el servicio público, per se, obligan a sacrificar las razones íntimas al bienestar superior de la República. Eso explicaría el súbito vuelco en la determinación de los cuatro integrantes del Consejo General del IFE, quienes se inscribieron –literalmente en el plazo límite– al proceso de selección de los nuevos consejeros electorales.

Todavía hace cuatro meses uno de ellos –abogado especializado en derecho electoral y una sólida carrera como profesor e investigador universitario– sostenía que en lo personal prefería recuperar la libertad que dan la cátedra y el ejercicio de la crítica periodística.

No era el único que quería dejar de ser autoridad electoral. Desde noviembre del año pasado María Marván Laborde, Marco Antonio Baños Martínez, Lorenzo Córdova Vianello y Benito Nacif Hernández debieron echarse a cuestas la difícil responsabilidad de mantener al IFE en su operación cotidiana. Los cuatro consejeros –y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, y el resto de los directores ejecutivos– tuvieron que desahogar lo que normalmente resolverían los nueve consejeros que tenían voz y voto en el Consejo General.

Los cuatro resolvieron, hace cinco meses, privilegiar los consensos y moverse en bloque hasta el final, lo que implicaba que si se iban, se irían todos. Igual, si las cúpulas de los partidos mayoritarios –veleidosas, as usual– contradecían al espíritu de la reforma electoral y decidían garantizar la continuidad del IFE en la construcción del nuevo INE.

Con su inscripción a la convocatoria (los consejeros ponen) a disposición de la Cámara de Diputados su experiencia y conocimientos para contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas del país , presumieron. Antes, las dirigencias nacionales del PRI, del PAN y del PRD se manifestaron públicamente por su permanencia.

Sería conveniente y aconsejable que los actuales consejeros electorales del IFE se inscriban en el proceso , definió la cúpula perredista, sin comprometerse a nada más. La dirigencia nacional priísta simpatiza subrayadamente con la posibilidad de que los cuatro actuales consejeros del IFE valoren la opción de inscribirse , proclamó el PRI casi simultáneamente. En el estreno como lideresa del PAN, Cecilia Romero expresó el interés de su partido para que los consejeros cumplieran con los trámites.

La estabilidad del INE importó más que el respeto a la convocatoria, aunque falta claridad sobre algunos aspectos técnicos, particularmente del periodo para el que los consejeros serían electos.

En cualquier caso, los más de 300 aspirantes que debieron solicitar cita para ingresar sus papeles, quedan con un palmo de narices ante el trato dispendioso que se otorga a los integrantes del Consejo General del IFE. Ya queda claro por qué algunos personajes de la talla de Diego Valadez o Arturo Sánchez Gutiérrez estaban reacios a escuchar los cantos de las sirenas legislativas, pues en realidad no serán 11 las vacantes, sino siete, mismas que quedarían –de nuevo– al arbitrio de cuotas partidistas: tres para el PRI, dos para el PAN y otro tanto para el PRD. De manera particular destaca entre los aspirantes la economista Marcela González-Salas Petriccoli, quien deja la Dirección General de Juegos y Sorteos, de la Secretaría de Gobernación, para buscar la presidencia del INE. Por esa misma posición iría el ex presidente del IEDF Néstor Vargas Solano. Otros destacados que decidieron participar en este concurso son Ciro Murayama y Roberto Duque Roquero, académicos; el ex magistrado electoral Jacinto Silva Rodríguez, y la presidenta del Instituto Electoral de Zacatecas, Leticia Soto Acosta.

EFECTOS SECUNDARIOS

ESTRATÉGICO. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que encabeza Guillermo Haro Bélchez, prepara una ruta alterna para afrontar el problema generado por la construcción del Dragon Mart en la Riviera Maya. Y es que ante la decisión de un juez de distrito radicado en Quintana Roo, de conceder una suspensión provisional a los empresarios que impulsan el polémico proyecto, los abogados de la dependencia federal no impugnará ese amparo. En vez de emprender la vía judicial, la Profepa iniciará un nuevo proceso de inspección, para allegarse de más elementos y determinar si el caso es de competencia federal. Cabe recordar que en el 2012 la Profepa visitó el proyecto; sin embargo, no encontró elementos suficientes para determinar incumplimiento a la normatividad ambiental federal.

¿ZURDOS? En el proyecto de dictamen que expide la Ley de Pensión Universal y reforma diversas disposiciones de seguridad social, se incluye una propuesta del PRD para realizar un estudio sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro. La pensión universal para los adultos mayores de 65 años y el seguro de desempleo se suman a esa propuesta, que de aprobarse instalaría un grupo de expertos. La idea, explicó el vicecoordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, es construir en México un acuerdo similar al que permitió concretar la reforma previsional de Chile, promulgada en 2008 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, ante el fracaso del sistema de cuentas individuales impuesto por Augusto Pinochet.