Esta semana será muy significativa para el avance de la igualdad de las mujeres en México, la paridad será constitucional. El hecho de ser mujer no interferirá más en la carrera política de quienes aspiren a un cargo público en los tres niveles de gobierno. Sin embargo, la lucha contra la desigualdad será larga: la letra de la ley no cambia una realidad adversa para la mitad de la población ni eliminará el abismo que separa en México leyes y prácticas.

El contraste entre la decreciente desigualdad política y la persistente desigualdad económica y social de las mexicanas es evidente cuando se analiza, por ejemplo, el Índice Global de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial. En el 2018, México ocupó el lugar 50 entre 149 países en una escala donde el primer lugar representa mayor igualdad. A primera vista este es un avance significativo respecto al 2006 en que ocupaba el lugar 75. No obstante, los datos desglosados muestran que se ha alcanzado mayor igualdad en cuanto a “empoderamiento político” (lugar 27 en el 2019), gracias a las cuotas de género, y en acceso a la educación (lugar 50). En cambio, la brecha en cuanto a participación económica es enorme (lugar 122). La medición en salud es limitada, pues refiere a la expectativa de vida sana, no al acceso a la salud (lugar 58).

El contraste entre participación política y participación económica no puede pasarse por alto. La reforma constitucional tiene un significado político y simbólico, pero no mejorará la situación de la mayoría de las mexicanas. La menor participación de las mujeres en la PEA, la brecha salarial, la informalidad y la carga del trabajo de cuidados y reproducción reducen la autonomía y limitan el desarrollo de millones de mujeres. Incluso las que forman parte del mercado laboral en cargos medios y altos enfrentan obstáculos en su desarrollo profesional y personal, desde el techo de cristal hasta el acoso laboral y sexual y los prejuicios sociales que, lejos de aminorarse, persisten y se manifiestan hoy en una misoginia a ratos soterrada, a ratos escandalosa.

La paridad no garantiza la defensa de la causa de las mujeres por parte de legisladoras o funcionarias: no se puede ni debe esencializar la solidaridad femenina ni el feminismo es práctica automática. Sin embargo, sería deseable que quienes accedan a cargos públicos tomen en cuenta que, así como la reforma constitucional abre la puerta para que cualquier mujer tenga las mismas oportunidades que cualquier hombre, sea cual sea su ideología o capacidad, es preciso transformar al Estado y a la sociedad para que la condición femenina deje de condenar a niñas y mujeres al feminicidio, el embarazo forzado, la trata, la violencia de pareja, el incesto, la cosificación, mayores grados de pobreza...

El Índice Global de Brechas de Género no incluye la violencia, una gran falla, pues ésta afecta el acceso a la salud y a la educación y las oportunidades económicas. Sin embargo, el propio Foro señala que, debido a ella, México es uno de los peores países para ser mujer. Data Cívica acaba de confirmarlo con un estudio que revela que ha aumentado el asesinato de mujeres en las calles y persiste en las casas. Además de la muerte violenta, las mujeres enfrentan múltiples formas de violencia y discriminación, como lo demuestran el feminicidio de Graciela Medina López, las declaraciones del diputado Héctor Alonso (que no debería serlo ya), o la indignación machista por la narración de la final de la Champions League por Marion Reimers, como si ser mujer borrara la humanidad, el derecho a la libertad o la inteligencia. Prevenir y frenar la violencia en general es urgente, pero se requieren también medidas específicas contra la violencia de género.

La paridad no es un fin. Debe marcar el inicio de un cambio desde el gobierno mismo, que impulse políticas efectivas contra la misoginia y la desigualdad de género en todos los ámbitos.

@luciamelp

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).