Mal, muy mal arrancó en Michoacán el operativo de apoyo del gobierno federal para la pacificación de ese estado, en particular los municipios que conforman la región de Tierra Caliente.

Apenas unas horas después de anunciado en Morelia el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán , comenzó el despliegue de fuerzas federales, para terminar trágicamente con un enfrentamiento de los soldados con pobladores de Antúnez, del municipio de Parácuaro. El saldo de ese enfrentamiento fue la muerte de al menos tres personas de ese poblado, por disparos de armas de fuego realizados por soldados mexicanos.

En Antúnez el ejército nos rafagueó , declaró Estanislao Beltrán, integrante de la coordinadora de grupos de autodefensa de Michoacán, quien estuvo presente en esos hechos y quien trató de mediar con el responsable del ejército antes de que ocurrieran los disparos de armas de fuego en contra de la población civil desarmada.

No se trató de un enfrentamiento, sino de una agresión de los soldados a la población de esa localidad michoacana, declaró por su parte Arturo Barragán, de la Policía Comunitaria de Tepalcatepec a Radio Universidad de Guadalajara.

La agresión de los militares en contra de la población civil ocurrió después de que el convoy militar desarmara a los pobladores de esa localidad, lo que desató el enojo de los pobladores.

A lo largo del martes 14, varios representantes de los grupos de autodefensa han explicado las razones de ese enojo a medios de todo el país y de otras partes del mundo: la primera medida que intenta el gobierno federal en su operativo para tratar de recuperar el control de la región de Tierra Caliente, fue ingresar al territorio donde han operado las autodefensas para quitar las armas de estos grupos civiles, esto en lugar de concentrar sus acciones en el combate y desarme de los grupos de la delincuencia organizada que desde hace años actúan en la zona y que impusieron un régimen de violencia, inseguridad, extorsión y amenazas en esa región michoacana.

Como se sabe, los grupos de autodefensa y policías comunitarios surgieron en Michoacán y en otros estados de la república para hacer lo que el Estado ya no hacía: ofrecer y brindar seguridad a la población, afectada por la proliferación y consolidación de grupos delictivos que desde su actividad inicial de tráfico de drogas ampliaron sus actividades al secuestro, la extorsión, el tráfico ilegal de maderas y minerales y otras actividades.

Los grupos civiles armados lograron recuperar el control de sus poblados y territorios, a costa de enormes riesgos. Por eso no solo es insensato sino peligroso que la primera medida del gobierno de Peña Nieto sea el desarme de las autodefensas en lugar de concentrar sus esfuerzos en detener y desarmar a las bandas del crimen organizado.

El mensaje que deja este operativo es en extremo preocupante, pues se agrede a comunidades que han tomado la iniciativa de autoprotegerse ante la clara complicidad que hay entre la delincuencia organizada y distintos gobiernos.

Y peor aún es el que el saldo del primer día del operativo para pacificar Michoacán sea la muerte de civiles desarmados. No se puede pacificar un estado a rafagazos.

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